#Columna NI MÁS…  NI MENOS…  ¡SÓLO  LO JUSTO! | ANTE LA CRISIS PENITENCIARIA, QUE EL PODER JUDICIAL RESPONDA (Por Jesús Armando Liógon)

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NI MÁS…  NI MENOS…  ¡SÓLO  LO JUSTO!

Dr. Jesús Armando Liógon Beltrán

Consultor Jurídico y Analista Político

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ANTE LA CRISIS PENITENCIARIA, QUE EL PODER JUDICIAL RESPONDA

El sistema carcelario en México sigue siendo una bomba de tiempo, noticias añejas y de nueva cuenta noticias sobre la “crisis” del sistema penitenciario vuelven a inundar los medios de comunicación. Las mismas páginas sobre hacinamiento, reportajes similares sobre autogobierno, corrupción, abusos de autoridad, violacion de los derechos humanos en las prisiones, anécdotas sobre privilegios o tratos favorables, así como la terrible situación que deben soportar los ocupantes de las prisiones mexicanas, reiteran lo dicho: el sistema está en crisis.

Las carceles  en nuestro país no es menos horrenda que cualquier otra técnica de ejecución. ellas no ofrecen al castigado ninguna motivación para que deje de delinquir. Todo lo contrario. A menudo, quienes delinquen por primera vez, lo hacen por falta de formación, de información, de ilustración o, debido a la necesidad extrema, pero al llegar a la cárcel su capacitación solo es posible en la escuela del crimen.

Por ello no resulta exagerado decir qué hay patrocinio y financiamiento  de la delincuencia organizada para promover las más aventajadas universidades del delito. En eso se han convertido las cárceles a causa de la desidia de algunas  autoridades que abandonan a su propia suerte a quienes son condenados a penas de prisión.

No ha habido vigilancia, apoyo para la cárcel, ni control a la gestión por parte de los responsables de sus obligaciones. No se destinan los recursos para que la cárcel pueda cumplir su finalidad. Más bien los centros de reclusión solamente cumplen finalidades deshumanizados. Las cárceles se han convertido en inmensas salas de suplicio que fortalecen la insensibilidad de los reclusos y endurecen el espíritu atormentado de quienes abandonados por la sociedad ahora son desconocidos por ella.

Esta actitud se apoya en la idea de que la cárcel no es hotel y que solo su mayor rigor compensa la atrocidad del delito, Se está frente a un síntoma inequívoco de insensibilidad y barbarie. Las características del actual modelo penitenciario están muy lejos de aproximarse a un patrón recomendable, los culpables de hechos punibles, siendo victimarios, se convierten en víctimas, porque la forma de aplicar el castigo entraña una mayor forma de crueldad que las mismas faltas. Cuando el delito se persigue olvidando la obligación que tiene el Estado de respetar la dignidad de la persona, desaparece la legitimidad del castigo. El acto de injusticia que se da al sentenciado se repite con él cuando se ordena su confinamiento en sitios donde la dignidad no será reconocida o, mejor, en sitios donde habrá de recibir el trato cruel que suele darse a las bestias capturadas.

La prisión es un mundo que con sus propias reglas impone a las personas un desenvolvimiento propio, por lo que resulta necesario conocer cómo se desenvuelve la persona en ese mundo carcelario y cómo reacciona ante él ya que este contorno constituye una atmósfera cerrada que penetra todo el espacio físico del centro penitenciario, con muy escasos lugares o territorios de evasión personal, donde el interno no puede llegar a establecer su propio espacio, porque éste es también el espacio de los demás.

Se genera así una auténtica promiscuidad temporal y espacial en la cual el recluso percibe que no tiene vías de escape y sólo le cabe adaptarse y plantearse distintas formas de evasión, ya sean éstas psicológicas o físicas. Tampoco puede una vez ingresado al sistema elegir sus amistades o compañeros, ya que estos le vienen impuestos, está privado de su libertad e intimidad y sometido además a un sistema jerarquizado y muy autoritario,(auto gobierno)  paralelo al que marca la propia institución, establecido por los mismos presos, queda en consecuencia claro a nuestro entender, que la parte más gravosa del sistema es el conjunto de situaciones problemáticas que la actual aplicación de la pena de privación de la libertad causa a los familiares y otros seres cercanos de cada uno de los hombres y mujeres privados de su libertad; los efectos estigmatizante, sociales, laborales, económicos de la pena privativa de la libertad.

Recordemos que la prisión fabrica indirectamente delincuentes, al hacer caer en la miseria a la familia del detenido. En este aspecto, la pena privativa de la libertad padece de las mismas perniciosas características que las penas capitales, bien vale decir que “la misma sentencia que envía a la prisión al jefe de familia, reduce cada día que pasa a la madre a la indigencia, a los hijos al abandono, a la familia entera a la vagancia y a la mendicidad.

No se ha resuelto el problema de la criminalidad, es necesario concentrar los esfuerzos en la búsquedas de alternativas a la privativa de libertad para la solución de los conflictos sociales y la disminución de las poblaciones penales ya que se ha demostrado en la actualidad que es un verdadero comercio las prisiones en el empleo de personas por trabajos forzados, sometimiento y explotación. En este contexto no hay nada nuevo, tenemos más de cien años de retraso penitenciario, es necesario que de los tres ordenes de gobierno, sumen sus esfuerzos, se integren para asumir su responsabilidad conjunta y enfrenten la realidad para poner solución a la crisis!…

Bienvenida la preocupación del Ejecutivo Federal al promover las reformas estructurales y promulgación de la nueva Ley de Ejecución de Penas para regular el sistema Penitenciario Mexicano, que otorga facultades al  Poder Judicial e instrumenten soluciones: reforma-reconstrucción  para hacer frente a la violación masiva y sistemática de los derechos humanos de los internos en las prisiones mexicanas.

El 18 de junio del 2008 se reforman diversos artículos de nuestra Constitución Federal, para reestructurar el sistema de impartición de justicia en materia penal y penitenciaria; prevé la inclusión de Jueces de Control y Jueces de Ejecución de Penas que vigilará y controlara la ejecución de la pena. El Sistema Penitenciario se organizará ahora, sobre las bases no sólo del trabajo, capacitación y educación como antes se establecía, además la salud y el deporte serán medios para lograr la “reinserción” del sentenciado a la sociedad.

CONSECUENTEMENTE, NI MÁS… NI MENOS… SOLO LO JUSTO!… La reforma prevé un nuevo sustento legal para el Sistema Penitenciario y que limita la facultad del Ejecutivo únicamente a la administración de prisiones y otorgar la ejecución de sentencias al Poder Judicial (con los Jueces de Ejecución de Sentencias).

Ahora, la modificación del artículo 21 constitucional, enfatizan que la imposición de las penas, su modificación y duración son propias y exclusivas de la autoridad judicial. La intención de darle mas derechos a los reclusos (con las reformas al artículo 18 constitucional) es necesario transformar el Sistema Penitenciario, ya  que no seria posible si la ejecución de las penas permanece bajo el control absoluto del Ejecutivo.

Se reafirma que la facultad de ejecutar la pena le compete al Poder Judicial, debido a que dejar la ejecución en manos de la administración rompe una secuencia, es decir, la misma autoridad judicial que pronuncio la sentencia debe vigilar que la pena se cumpla estrictamente, conforme a derecho, en la forma pronunciada en la ejecutoria. La autoridad judicial debe supervisar la aplicación de penas alternativas de prisión, la concesión de beneficios o el lugar donde se deba extinguir la pena.

Así la Nueva Ley Nacional de Ejecución de Penas establece en su artículo:         Artículo 25. Competencias del Juez de Ejecución

En las competencias a que se refiere el artículo anterior, el Juez de Ejecución deberá observar lo siguiente:

  1. Garantizar a las personas privadas de la libertad, en el ejercicio de sus atribuciones, el goce de los derechos y garantías fundamentales que le reconoce la Constitución, los Tratados Internacionales, demás disposiciones legales y esta Ley;
  2. Garantizar que la sentencia condenatoria se ejecute en sus términos, salvaguardando la invariabilidad de la cosa juzgada con los ajustes que la presente legislación permita;

III.      Decretar como medidas de seguridad, la custodia de la persona privada de la libertad que llegue a padecer enfermedad mental de tipo crónico, continuo e irreversible a cargo de una institución del sector salud, representante legal o tutor, para que se le brinde atención, trato y tratamiento de tipo asilar;

  1. Sustanciar y resolver los incidentes que se promuevan para lograr el cumplimiento del pago de la reparación del daño, así como los demás que se promuevan con motivo de la ejecución de sanciones penales;
  2. Garantizar a las personas privadas de la libertad su defensa en el procedimiento de ejecución;
  3. Aplicar la ley más favorable a las personas privadas de la libertad;

 

VII.     Establecer las modalidades sobre las condiciones de supervisión establecidas para los supuestos de libertad condicionada, sustitución de penas y permisos especiales;

VIII.    Rehabilitar los derechos de la persona sentenciada una vez que se cumpla con el término de suspensión señalado en la sentencia, así como en los casos de indulto o en los casos de reconocimiento de inocencia;

  1. Imponer los medios de apremio que procedan para hacer cumplir sus resoluciones;
  2. Las demás que esta Ley y otros ordenamientos le confieran.

La tarea del Juez de Ejecución de Sentencia, no debe quedarse en vigilante del cumplimiento de las normas que regulan la ejecución de las penas, controlando las medidas de seguridad, otorgando beneficios preliberacionales, y todas aquellas acciones que vigilen y controlen la ejecución de la pena, sino que además, garantice el respeto de los derechos de toda persona mientras se mantenga privada de la libertad, esto es la educación, capacitación, trabajo, educación y salud, asegurando de ésta manera la reinserción del sentenciado a la sociedad.  Es Cuanto!…

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