#Columna: PLEAMAR | AUTORIDADES, OBLIGADAS A REVISAR TODAS LAS AUTORIZACIONES QUE SE DIERON DURANTE LOS ÚLTIMOS SEIS AÑOS (Por Lenin Amaro Betancourt)

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PLEAMAR

Por Lenin Amaro Betancourt

 

Autoridades, obligadas a revisar todas las autorizaciones que se dieron durante los últimos seis años

Ahora que los ambientalistas están poniendo la vista y los esfuerzos en temas de la devastación en Puerto Morelos, y que el tema es la afectación a humedales, valdría la pena revisar todas y cada una de las autorizaciones de impacto en materia ambiental, aparejadas a los permisos que las autoridades han otorgado durante los últimos años.

Y es que ahora trasciende por ejemplo que el daño que se genera en Puerto Morelos no sólo tiene que ver con las violaciones a las leyes en materia ambiental y de los Bienes Nacionales; se sabe también que la primer devastación de ese periodo (2011), se registró en un terreno propiedad del Jardín Botánico de Puerto Morelos, el cual se vendió a precio de “regalo” a los hoteleros Españoles del Cid por la pasada Administracion estatal.

Al revisar todas las irregularidades, se podrán destacar los graves daños que se hicieron en Playa del Carmen en el mismo periodo cuando se autorizó a Francisco Rangel Castelazo, de forma evidentemente ilegal a rellenar los humedales del predio denominado “Costa Turquesa”, el cual tiene justamente la característica de ser por sí mismo un humedal y el cual fue rellenado para dar paso a las construcciones que hoy conocemos, como el hotel Paradisus de la empresa española Melia por cierto muy señalada por diversos delitos ambientales de varios de sus hoteles en Cancún.

El predio en cuestión abarca desde la playa pública de Punta Esmeralda, hasta el hotel The Reef Coco Beach; en ese predio se han hecho obras tendientes principalmente al relleno de los humedales, delito considerado en el Código Penal Federal.

Lo que sabemos es que, durante la pasada administración, los operadores hoteleros y las empresas encargadas de edificarlos, pactaban con la administración estatal para luego, a través de una especie de “salvoconducto” acudir con las delegaciones estatales de la Semarnat y Profepa, a fin de blindar los proyectos, no obstante que se estuviera en la evidente comisión de delitos, insisto, no sólo de carácter ambiental, sino de Bienes Nacionales.

Por ejemplo, la prohibición de rellenar o afectar de cualquier otra forma los humedales, es un supuesto sancionado por la Ley General de Bienes Nacionales. Pero además de las graves violaciones a las leyes; la revisión de estos hechos apunta a fortalecer la tesis de los negocios que en la pasada administración hicieron con predios propiedad del estado, de la federación, y, en algunos casos, del despojo a particulares para luego modificar usos de suelo para permitir nuevos proyectos, aunque estos permisos infringieran las leyes.

Resulta fundamental solicitar a las autoridades que profundicen en la revisión de estos casos (Puerto Morelos y Playa del Carmen), independientemente de los casos que ya tienen documentados.

Saludos.

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