BOCANADAS
FUNCIONARIOS PÚBLICOS DE la administración de Carlos Joaquín González en Quintana Roo, que se extendió de 2016 a 2022, se enfrentan a serias acusaciones -y denuncias legales- de omisiones graves que, en lugar de perseguir la corrupción del gobierno anterior de Roberto Borge Angulo, favorecieron la impunidad de los delitos que cometieron. Esta situación, que ha salido a la luz por medio de la Contraloría del Estado, se traduce en la pérdida irreversible de más de 7 mil millones de pesos, monto que corresponde a irregularidades cometidas entre 2011 y 2016 en diversas dependencias estatales, durante el ‘borgismo’
La rivalidad política entre Roberto Borge, del PRI, y Carlos Joaquín, del PAN-PRD, fue intensa y determinante en el contexto político de Quintana Roo. Borge intentó descarrilar el proyecto del yucateco a la gubernatura estatal mediante una campaña sucia que buscó por todos los medios desacreditarlo. Sin embargo, Carlos Joaquín logró sacar al tricolor del poder y se comprometió llegando a enfrentar a los ‘borgistas’, persiguiéndolos judicialmente y encarcelando a varios colaboradores de esa administración, al tiempo que buscaba recuperar los fondos sustraídos de las arcas estatales.
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TIRO PERFECTO
ESTE LUNES, LA secretaria de la Contraloría del Estado, Reyna Arceo, conocida como la “dama de hierro”, reveló que las investigaciones realizadas por dicha institución expusieron una “preocupante falta de ética y profesionalismo” en la gestión de asuntos críticos en el gobierno anterior. Arceo añadió que muchos de los funcionarios ‘joaquinistas’ encargados de investigar el quebranto financiero de sus antecesores, “actuaron de manera negligente”, permitiendo que 513 expedientes con desvíos de recursos públicos quedaran sin sanción.
Desde noviembre de 2023, apuntó la contralora, se han interpuesto denuncias ante la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción, pero la prescripción de delitos ha complicado la posibilidad de recuperar esos recursos.
Durante el sexenio pasado, dijo, se inhabilitaron a 47 funcionarios, de los cuales 41 casos quedaron firmes, y se impusieron un total de 65 sanciones entre el 1 de junio y el 30 de junio de 2023. Además, se han activado 847 carpetas que sancionan también a ex funcionarios de nivel medio y superior de la propia Contraloría que ella hoy dirige, quienes dejaron prescribir delitos a raíz de las omisiones cometidas.
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TRIPA CORTA
EL LEGADO DE Carlos Joaquín, que si bien no está señalado directamente por los actos de corrupción del pasado, sí refleja una falta de atención crítica hacia las irregularidades de sus colaboradores. Esta situación plantea preguntas sobre el compromiso real de sus funcionarios en la lucha contra la corrupción que tanto pregonó, especialmente cuando los ‘borgistas’, en lugar de ser perseguidos, parecen haber sido protegidos por quienes deberían haber actuado en su contra.
La guillotina de Reyna Arceo ya está afilada y subiendo. Las denuncias contra los responsables de la pérdida irrecuperable de 7 mil millones de pesos malversados de las arcas públicas, ya han sido interpuestas. Pronto, las primeras cabezas comenzarán a rodar.
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BUENOS HUMOS
AHORA, LA ADMINISTRACIÓN de Mara Lezama se encuentra en una encrucijada. Heredó una millonaria deuda, en parte consecuencia de las omisiones del equipo del gobierno anterior y debe enfocar sus esfuerzos no solo en denunciar a los ex funcionarios que blindaron a los corruptos, sino también en implementar estrategias efectivas que garanticen que tales omisiones no se repitan.
La ciudadanía merece respuestas y acciones concretas que castiguen la corrupción y promuevan la transparencia. La historia no debe repetirse y el estado no puede permitirse otro periodo de impunidad, como el que le heredaron ex funcionarios del gobierno del PAN-PRD que, lejos de sancionar la corrupción de los priístas que saquearon a Quintana Roo, los favorecieron.
