CHETUMAL.- El gobierno federal, a través del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) envió al Congreso del Estado una opinión técnico-consultiva, sobre la despenalización del aborto en Quintana Roo, en donde celebran que se pretenda poner fin a la criminalización de las mujeres que interrumpen su embarazo, además de ampliar más el marco de los derechos humanos.
Nadine Flora Gasman Zylbermann, presidenta del Inmujeres, antecedió esta opinión técnico-consultiva con una carta dirigida a la XVI Legislatura en donde destaca la importancia de la iniciativa de reforma actualmente sometida a consideración del congreso local, mediante el cual el aborto quedaría despenalizado hasta las 12 semanas de gestación.
“Deseo transmitirle que en el Instituto Nacional de las Mujeres celebramos el sentido de la iniciativa encaminada a poner fin a la criminalización de las mujeres que interrumpen su embarazo y a hacer efectivos sus derechos a decidir de forma libre, autónoma e informada sobre su sexualidad, reproducción y proyectos de vida. Iniciativas como esta, en las que se incorporan los más altos estándares de derechos humanos de las mujeres, propician un diálogo social que enriquece el conocimiento sobre la igualdad de género y encauzan y hacen realidad la progresividad de los derechos humanos de las mujeres, las adolescentes y niñas, mediante la eliminación de las barreras normativas basadas en estereotipos de género, que perpetúan la discriminación y violencia contra ellas”, señala el escrito.
La opinión misma consta de 17 páginas, en donde se indica que el negar el aborto es una omisión del estado que obliga a las mujeres a continuar un embarazo forzoso o bien a buscar alternativas clandestinas e inseguras. Por ello, existen crtierios internacionales en materia de derechos humanos, en donde ya incluye la responsabilidad del estado en eliminar obstáculos el acceso a un aborto seguro.
“La criminalización del aborto es resultado de estereotipos de género que permean, no solo en el imaginario social, sino en la actuación de las autoridades e instituciones del Estado, y se traducen en violaciones a derechos”, sentencia.
A continuación se incluye un estudio de criterios legales, acuerdos internacionales y jurisprudencia que establece la obligación de despenalizar el aborto, para luego concluir en la necesidad de cambiar estereotipos y de transitar hacia la garantía de acceso a servicios de salud con perspectiva de género.
“El Inmujeres aplaude la iniciativa de la Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, de conocer los estándares que se han emitido en materia de derechos humanos, a fin de configurar, desde el ámbito legislativo, leyes que protejan de manera integral y sin estereotipos de género, los derechos de las mujeres, adolescentes y niñas, como lo ha hecho la Asamblea Legislativa del entonces Distrito Federal, ahora Ciudad de México, y el Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca”, termina.
