CIUDAD DE MÉXICO.- El 3 de diciembre de 2010 una noticia conmocionó a México: Edgar Jiménez Lugo, un joven de apenas 14 años, fue detenido por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), luego de haber torturado y asesinado a por lo menos cuatro personas.
Las víctimas eran enemigos del Cártel del Pacífico Sur, organización criminal para la cual trabajaba como sicario y donde, según sus declaraciones, recibió más de dos mil 500 dólares por ejecutar gente.
Aunque Jiménez Lugo, llamado “El Ponchis”, justificó que había cometido los delitos bajo los efectos de distintas drogas y que lo habían “jalado” a esa organización criminal, un juez lo encontró culpable por los delitos de homicidio doloso y secuestro, y lo sentenció a tres años de prisión.
Para expertos en temas de seguridad y defensores de derechos humanos, este caso refleja cómo el crimen organizado ha absorbido a las niñas, niños y adolescentes del país, quienes están vulnerables ante la falta de oportunidades de educación y empleo.
Datos de la Secretaría de Marina (Semar), la Policía Federal (PF) y la Fiscalía General de la República (FGR) dimensionan el problema: en 12 años estas instituciones detuvieron a cuatro mil 350 menores de edad en operativos contra el crimen organizado. Desde 2006, cuando el expresidente Felipe Calderón le declaró la guerra al narcotráfico, no hay un sólo estado sin una detención.
Esta información fue obtenida por EL UNIVERSAL a través de solicitudes de información. Los documentos revelan que la PF ha concentrado más de 90% de las capturas de menores de 18 años, seguida de la Semar y la FGR. Al cierre de esta edición, la Sedena no entregó información al respecto.
En Chihuahua se han hecho 808 detenciones; en Tamaulipas, 644; en Guerrero, 470; en el Estado de México, 279; en Michoacán, 277; en Zacatecas, 206; en Nuevo León, 204; en Sonora, 176; en Veracruz, 129; en la Ciudad de México, 106, y en Baja California, 101. Entre 2010 y 2015 se concentró la mayor cifra de detenciones, con tres mil 48 casos.
Javier Oliva Posada, experto en temas de seguridad e investigador de la UNAM, explicó que a partir de 2005, las bandas criminales comenzaron a utilizar a menores, primordialmente como halcones —vigilan que las autoridades no se acerquen a las zonas donde operan—.
“Para la delincuencia organizada es atractivo usar a menores de edad, porque, en caso de ser capturados, las penas que reciben no son muy largas y el número de sentencias es muy bajo”, señaló.
Explicó que esos jóvenes se caracterizan por ser de lugares marginados, por lo cual el gobierno debería implementar políticas públicas en las zonas periféricas de las ciudades y en las áreas rurales.
En total, 457 mujeres fueron detenidas en los operativos realizados por instituciones federales, representan 10% de los casos.
Un caso parecido al de Jiménez Lago es el de María Celeste, de 16 años, quien fue detenida en Jalisco por colaborar con Los Zetas. Fue capturada en 2010 luego de un enfrentamiento. En su captura aseguró que había sido adiestrada por dos meses y sabía utilizar armas como una AK-47 o una AR-15.
Funcionarios y organizaciones internacionales han puesto el dedo sobre la llaga al detallar cómo la delincuencia seduce y rapta a la población más joven de México.
En 2015, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó su informe “Niñez, violencia y crimen organizado”, en el cual precisó que alrededor de 30 mil niños mexicanos han cooperado activamente con grupos criminales en delitos como extorsión, piratería, así como tráfico de personas, de armas y drogas.
Martín Barrón, del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe), detalló que aunque los cárteles entregan poco dinero a los jóvenes, estos colaboran porque no tienen otra forma de salir de la pobreza.
Sobre la concentración de casos en Chihuahua y Tamaulipas, explicó que esto se debe a que ahí se han asentado grandes cárteles. Añadió que las detenciones de niños son mayores entre 2010 y 2015, ya que se recrudeció la guerra contra el narcotráfico.
Los expertos coinciden en que estos arrestos están precedidos de un problema estructural, y recalcan que la inoperancia del gobierno para ofrecer una mejor vida es el origen del problema. (FUENTE: EL INFORMADOR)
