BOLIVIA.- Al menos cinco de los 11 colaboradores del expresidente Evo Morales, que se encuentran resguardados en la embajada de México en Bolivia, son acusados por la fiscalía boliviana de terrorismo, con lo que, de acuerdo con la canciller de aquel país, Karen Longaric Rodríguez, el gobierno mexicano estaría violentando una decena de tratados internacionales.
Actualmente, los exfuncionarios tienen “mandamientos de apremio”, lo que representa órdenes de detención por la comisión de graves delitos, entre ellos instigación a delinquir, sedición y terrorismo, explicó la funcionaria del gobierno interino en entrevista con El Financiero Bloomberg.
Por tratarse de “un delito de alcance internacional, no son personas que deban beneficiarse con el estatus de asilado, no lo dice Bolivia, lo dicen los tratados internacionales”, insistió.
Desde el pasado 26 de diciembre, quien fuera embajadora de México en Bolivia, María Teresa Mercado, recibió las copias de los mandamientos de aprehensión en contra del exministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana; la exministra de Culturas, Wilma Alanoca, y el director de la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación (Agetic), Nicolás Laguna.
De acuerdo con medios locales, Alanoca, Laguna y un exjefe del Tribunal Supremo Electoral habrían solicitado el salvoconducto a la Cancillería boliviana para beneficiarse con la protección mexicana, pero no se habría dado curso a la petición debido a que tienen procesos judiciales pendientes en Bolivia.
En el caso de Alanoca se abrió una investigación, luego de que el pasado 9 de noviembre, la policía encontrara bombas molotov en un terreno dependiente del Ministerio de Culturas, explosivos que presuntamente serían utilizadas para generar hechos de violencia en movilizaciones en El Alto y La Paz.
En cuanto a Laguna, se le investiga por su presunta participación en el caso del fraude electoral del 20 de octubre, para beneficiar a Evo Morales.
De acuerdo con la Convención Interamericana Contra el Terrorismo, firmada por México y que agrupa una decena de convenios, entre ellos el convenio internacional para la represión de la financiación del terrorismo, aprobada por la asamblea general de la Organización de las Naciones Unidas, no se deberá otorgar asilo político a personas que tengan una acusación en este sentido.
Cuestionada sobre los reclamos de la embajadora Mercado, en torno a que en la residencia había un exceso de las fuerzas policiales, aclaró que “no responde a la realidad”, toda vez que ella había pedido en cuatro oportunidades que se reforzara la seguridad de la residencia, y el ministerio de Gobierno reforzó la seguridad, “ante el peligro que podría existir y ante el riesgo de fuga de los asilados que tenían mandamiento de apremio”.
Respecto a la protección que le brindaron los gobiernos de México, Cuba y Argentina al expresidente Morales, Longaric Rodríguez consideró que se trata “de una estrategia internacional”, para construir un “parafernalia de acosado o perseguido político sin serlo”, ya que su vida nunca corrió peligro, y que “el señor podía transitar las calles de Bolivia con absoluta tranquilidad”.
“Evo Morales no era ningún perseguido político y tampoco pesaba sobre él ningún mandamiento de apremio, el mandamiento contra el señor Evo Morales ha sido expedido pocos días después de su llegada a la Argentina”, explicó.
Sin embargo, apuntó: “él se declaró perseguido político, México lo recogió en un avión oficial y estuvo en fungiendo el estatus de asilado, cuando no había persecución alguna sobre él”. (FUENTE: EL FINANCIERO)
