CDMX.- La Fiscalía General de la República (FGR) acusa al alcalde de Tequila, Jalisco, Diego Rivera Navarro, alias “El Presidente”, de haber participado en el secuestro de dos aspirantes de Morena a la presidencia municipal en 2021, con el fin de obligarlos a renunciar a la contienda electoral.
De acuerdo con la investigación federal, Rivera Navarro, en complicidad con colaboradores cercanos, privó de la libertad a Guillermo Cordero García y Julio Alejandro García Gutiérrez. Ambos habrían sido retenidos, golpeados y forzados a firmar su desistimiento como candidatos. Posteriormente, en marzo de 2021, presentaron formalmente su renuncia ante el Instituto Electoral de Jalisco, una vez que fueron liberados.
La indagatoria que derivó en una orden de captura contra el edil y tres de sus presuntos cómplices señala que las víctimas fueron levantadas por un grupo armado encabezado por el propio alcalde y mantenidas en una casa de seguridad utilizada para retener a empresarios y comerciantes que se negaban a pagar extorsiones.
Según el expediente, Diego Rivera Navarro habría pactado con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) su llegada a la presidencia municipal de Tequila, desde donde presuntamente encabezó una red criminal dedicada al secuestro, la extorsión y la intimidación de adversarios políticos. La FGR sostiene que esta estructura operaba con la participación de funcionarios de primer nivel del Ayuntamiento, entre ellos los directores de Seguridad Pública, Catastro y Predial, Obras Públicas, así como el tesorero municipal, el jefe de Gabinete y otros servidores públicos, además de la esposa del alcalde.
De acuerdo con la investigación, el grupo criminal extorsionaba de manera sistemática a comerciantes, artesanos y empresarios del sector tequilero, a quienes imponía cuotas semanales y mensuales bajo amenazas. A los negocios del centro histórico se les exigían pagos de entre 20 mil y 50 mil pesos mensuales; quienes se negaban a cubrir las cuotas eran secuestrados y, en algunos casos, asesinados.
La FGR identifica al tesorero municipal, Diego López Ibarra, como el principal operador financiero de la organización, encargado de recaudar y presuntamente lavar los recursos obtenidos de las extorsiones y secuestros. En tanto, el director de Seguridad Pública, Juan Manuel Pérez Sosa, habría fungido como brazo armado del grupo, responsable de los plagios, el cobro de cuotas y el enlace con operadores del CJNG.
Para la autoridad federal, Diego Rivera Navarro utilizó el cargo público para consolidar una estructura criminal vinculada al CJNG. “Esta estructura opera desde la presidencia municipal de Tequila, fusionando el servicio público con actividades delictivas”, concluye la investigación.
