CIUDAD DE MÉXICO.- El rechazo de los empresarios a la propuesta del oficialismo de tipificar como delito grave la evasión es cada vez más frontal. Apenas unos días después que el titular del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar Lomelín, advirtiera que si la proyecto prosperaba el único afectado sería el contribuyente y realizara un llamado a desecharlo enteramente, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) lanzó un durísimo comunicado en donde afirma que la iniciativa convierte a la actividad empresarial en “riesgosa”
“Las empresas formales, que generan empleos y pagan impuestos, enfrentan una grave amenaza a consecuencia de los cambios legales aprobados por el Senado al Código Penal, Código Fiscal de la Federación, el Código Nacional de Procedimientos Penales, así como a la Ley de Seguridad Nacional y la Ley Federal de Delincuencia Organizada, que cataloga los delitos fiscales como delincuencia organizada”, sostiene la agrupación que nuclea a dueños de más de 36 mil empresas mexicanas, responsables de generar el 30% del PIB, y que preside Gustavo de Hoyos.
Más adelante, y en lo que tal vez sea el pasaje más áspero del comunicado, Coparmex asegura coincidir con diversos organismos de la sociedad y expertos fiscalistas que consideran un exceso equiparar a la defraudación fiscal y equiparada como crimen organizado al nivel de narcotráfico, trata de personas y terrorismo en general.
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Si bien aclaran estar a favor del combate a la evasión, las operaciones con empresas fantasmas, y hasta de que se aumenten las penas contra quienes incurran en esos delitos, el sector patronal “rechaza que se faculte a la autoridad a equiparar cualquier tipo de defraudación fiscal como delincuencia organizada, debido a que se corre el riesgo de que paguen justos por pecadores, debido a que prácticamente cualquier contribuyente puede resultar afectado”.
Curiosamente, y casi como se tratara de una réplica al comunicado de la cúpula empresarial, el Instituto Belisario Domínguez, dependiente del Senado, compartió el sábado un estudio sobre la evasión de impuestos en México en el que afirma que esta actividad defraudatoria le cuesta a México entre el 2,6 y el 6,2% de su PIB.
Entre 2013 y 2017, la recaudación tributaria en México representó, en promedio, el 13.6% del PIB, mientras que para los países que integran la OCDE fue 33.4%, precisa el estudio, señalando que México ocupa el último lugar de la OCDE en recaudación impositiva.
Este debate cobra especial relevancia por la inmimente presentación de Arturo Herrera del paquete presupuestal 2020 en el Congreso. Aunque la mayoría de los integrantes del Gabinete dan por hecho que no habrá grandes cambios en material fiscal, los rumores sobre posibles aumentos en algunos impuestos parecen en línea con el discurso del titular de Hacienda, que promueve la idea de una reforma fiscal.
“El presidente ha dicho que no va a subir impuestos en los primeros tres años de Gobierno. Nosotros tenemos que empezar a trabajar en cuál sería una reforma que nos permita incrementar la recaudación hasta la segunda mitad del sexenio”, declaró Herrera en el foro organizado por Moody´s el pasado miércoles. (Agencias)
