CHETUMAL.- Esta tarde, por una unanimidad, la XVII Legislatura abrogó el decreto que había ampliado la concesión a Aguakan por la prestación del servicio de agua potable en Benito Juárez, Isla Mujeres, Puerto Morelos y Solidaridad hasta el 2053, al considerar que dicho aprobación, realizada durante el sexenio de Roberto Borge, fue ilegal.
De acuerdo con este acuerdo, la concesión de Aguakan concluirá el 31 de diciembre, por lo que a partir del primer día del 2024, esta empresa deberá entregar el servicio y su infraestructura a la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del estado de Quintana Roo (CAPA).
En esa medida, se autorizó a la gobernadora del estado y a las presidentas municipales de Benito Juárez, Isla Mujeres y Solidaridad a que realicen los actos necesarios para que ejecuten la reversión inmediata de los servicios y la infraestructura en materia de agua potable.
Para la aprobación de esta iniciativa, que fue presentada por Humberto Aldana Navarro, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jugocopo), se consideró que la XIV Legislatura no tuvo conocimiento de los términos del nuevo contrato concesión, pues el mismo no le fue presentado, en violación a la ley, por lo que el decreto hoy abrogado sólo era un instrumento para impedir la evaluación del servicio prestado por esta empesa.
Además, la iniciativa estipula que la prórroga de manera indebida incluyó una cláusula que modificó la forma de resolver controversias.
La aprobación incluye la ratificación de la Comisión de la Comision Especial, para revisar las cláusulas de concesion y que ahora se enfocará a investigar el destino final de los poco más de mil millones de pesos entregados por Aguakan en diciembre de 2014, como prestacion por la ampliación de la concesión que ahora queda derogada y sin efectos.
Entrevistado luego de este hecho, Aldana Navarro comentó que deja “en manos” del gobierno estatal hacer lo necesario para mantener la operación del agua potable en los municipios mencionados.
Reconoció que lo anterior se dará en los tiempos que se consideren necesarios para el proceso de traslado de operaciones.
También, aceptó que el Estado puede enfrentar litigios promovidos por esta empresa, quien, dijo, deberá presentar los argumentos necesarios para comprobar que no incumplió con sus obligaciones como concesionaria.
El legislador dijo que esta aprobación es consecuencia de la consulta pública que se realizó en las elecciones pasadas, para decidir continuidad de la concesión de Aguakan.
Agregó que dicha consulta ayudó a que la ciudadanía se manifestara y respaldara las acciones contra esta empresa, por su mal manejo del servicio que da.
“La consulta ayudó a que la ciudadanía se manifestara. Lo que nosotros vimos es que desde que se aprobó, dicha servicio efectivamente lesionaba a la población. Es una tema de justicia social”, añadió.
Por último, al ser cuestionado al respecto, el diputado local comentó que Capa tiene la capacidad suficiente, para asumir el servicio en los cuatro municipios donde opera esta empresa.
