PLAYA DEL CARMEN.- La Barra de Abogados de la Riviera Maya A.C. expresó su postura jurídica ante la posible reactivación de la iniciativa para reformar el Código Civil del Estado de Quintana Roo en materia de derecho a la propia imagen, al advertir que el proyecto requiere ajustes técnicos para evitar riesgos a la seguridad jurídica y a la libertad de expresión.
En un comunicado fechado en Playa del Carmen, el organismo colegiado señaló que, si bien reconoce la necesidad de actualizar la legislación para proteger la dignidad humana y el derecho a la imagen, el análisis jurídico de la propuesta revela inconsistencias que deben corregirse antes de su eventual aprobación.
Entre las principales observaciones, la Barra de Abogados indicó que la iniciativa no distingue con claridad entre el ámbito extrapatrimonial, relacionado con el honor y la identidad de las personas, y el patrimonial, vinculado con la explotación comercial de la imagen. Esta falta de delimitación podría generar conflictos con la legislación federal en materia de derechos de autor.
Asimismo, advirtió que el uso de conceptos jurídicos amplios como “notoriedad” o “interés público”, sin definiciones precisas, podría otorgar excesiva discrecionalidad a los jueces, lo que afectaría el principio de seguridad jurídica.
El organismo también alertó que, al no establecer criterios diferenciados para servidores públicos, la reforma podría provocar efectos inhibitorios en el ejercicio periodístico y limitar el derecho de la sociedad a estar informada sobre asuntos de interés público.
Además, consideró que la amplitud del concepto de imagen planteado en la iniciativa podría derivar en una judicialización innecesaria de conflictos menores, saturando aún más a los tribunales.
La Barra de Abogados reconoció la decisión de las y los legisladores de retirar la iniciativa ante las inquietudes planteadas por la sociedad civil y el gremio jurídico, y señaló que esta medida representa un acto de responsabilidad legislativa.
Finalmente, hizo un llamado a la XVIII Legislatura del Congreso de Quintana Roo a mantener mesas de trabajo técnicas y abiertas con especialistas y colegios de abogados para fortalecer la propuesta, garantizando que la protección del derecho a la propia imagen no se convierta en un mecanismo de censura ni en un obstáculo para la transparencia y el escrutinio público.
