CDMX.- El Tribunal Electoral confirmó tres sentencias en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador tras probar que existen evidencias contundentes, de que se involucró de manera ilícita en la elección, que generó inequidad, que usó indebidamente recursos públicos, que difundió propaganda gubernamental buscando exaltar a su gobierno influyendo así en el electorado y realizó promesas a futuro en plenas campañas.
Como MILENIO adelantó desde este martes, con estas tres sentencias, también se acreditaron ilícitos electorales de la canciller Alicia Bárcena; del gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García; del vocero presidencial Jesús Ramírez; Sigfrido Barjau titular de Cepropie; Martha Jéssica Ramírez, directora general de Comunicación Digital del Presidente de la República y a Pedro Daniel Ramírez, jefe de departamento de Comunicación Social.
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En cuanto a la secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena y el gobernador veracruzano Cuitláhuac García, se acreditó sólo el ilícito de difundir propaganda gubernamental en periodo prohibido. En el primer caso por hablar de programas y acciones de gobierno en materia migratoria; y en el segundo, por enlistar apoyos y número de beneficiarios de los programas del gobierno federal y estatal, en plena campaña.
Mientras que el resto de los funcionarios del gobierno federal, buscaron alegar que tienen un deber de “obediencia jerárquica” y sólo siguen las órdenes del Presidente de la República, sin embargo, se concluyó que la obediencia laboral “no los exime de cumplir con la Constitución”.
Votación del TEPJF:
El primer proyecto del magistrado Felipe Fuentes, sobre la mañanera del 21 de marzo, fue aprobado por mayoría, pues el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón y la magistrada Janine Otálora no estuvieron de acuerdo en que se revocara el incumplimiento del presidente a la medida cautelar impuesta por el INE, para eliminar la mañanera pues se tardó unas horas más de la prórroga establecida.
Las dos magistraturas coincidieron en que el proyecto comparaba asuntos distintos para establecer que no hubo incumplimiento, por lo que consideraban que debía validarse también el desacato del Presidente, pero por mayoría, sólo esta parte fue revocada.
