CHETUMAL.- La XVIII Legislatura del Congreso de Quintana Roo aprobó este martes la iniciativa presentada por la gobernadora Mara Lezama, con el objetivo de reformar el Código Penal y la Ley de Movilidad para garantizar una mayor seguridad en los servicios de transporte público y privado en el estado.
Una de las principales modificaciones es que los delitos de daños, lesiones y ataques contra vías de comunicación serán investigados de oficio, es decir, sin necesidad de una denuncia previa. Además, se aplicarán penas más severas si los delitos ocurren durante la prestación del servicio de transporte o si las víctimas son menores de edad o turistas.
Las reformas al Código Penal incluyen la creación de los artículos 107 Bis, 162 Bis y 185 Bis, además de una modificación al artículo 182. Estas disposiciones contemplan un aumento de hasta un 50% en las penas para homicidios y lesiones relacionadas con el transporte. Los daños al servicio de transporte podrían ser sancionados con penas de entre 2 y 6 años de prisión, mientras que los ataques a las vías de comunicación tendrán penas que varían de 6 meses a 4 años de cárcel, con agravantes dependiendo del contexto del delito.
En cuanto a la Ley de Movilidad, se actualizaron varios artículos para permitir la suspensión o cancelación temporal o definitiva de licencias, permisos y concesiones cuando se cometan delitos en el ejercicio del servicio de transporte. Estas medidas buscan equilibrar las condiciones entre el transporte público y privado, así como proteger tanto a los usuarios como a los operadores del servicio.
Tras la aprobación de la iniciativa, la gobernadora Mara Lezama destacó: “En Quintana Roo no habrá tolerancia ni impunidad para quienes atenten contra la seguridad de las personas y el derecho a elegir libremente un medio de transporte.” La reforma busca reforzar la confianza en los servicios de movilidad del estado y representa un paso crucial para garantizar un transporte más seguro y regulado, especialmente en áreas turísticas clave.
Con estas reformas, el gobierno de Quintana Roo busca fortalecer la seguridad y el orden en un sector esencial para el desarrollo económico y social del estado.
