PUERTO MORELOS.— La presidenta municipal, Blanca Merari Tziu Muñoz, informó que, con el respaldo de la Secretaría de Gobierno a cargo de Cristina Torres Gómez, se dio un paso importante para avanzar en el ordenamiento de la Ruta de los Cenotes y brindar certeza legal a los posesionarios que actualmente realizan diversos aprovechamientos de la tierra en la zona.
Detalló que en la reunión, encabezada por la Secretaría de Gobierno, participaron dependencias federales como SEMARNAT, PROFEPA, SEDATU, CONAGUA, Procuraduría Agraria, Registro Agrario Nacional, COFEPRIS y la oficina de representación de la Secretaría de Gobernación en Quintana Roo; así como autoridades del Gobierno Estatal —SEMA, Procuraduría de Protección al Ambiente, Sedetur y la Coordinación Estatal de Protección Civil—, además del Ayuntamiento de Puerto Morelos y las directivas ejidales de ambos núcleos agrarios.
Asimismo, señaló que, como resultado del encuentro, se generarán mesas de trabajo con la participación de autoridades de los tres órdenes de gobierno, directivas ejidales y posesionarios de tierra, con el objetivo de definir una ruta clara para el ordenamiento y la regulación de las diversas actividades económicas que actualmente se llevan a cabo en la zona.
“Vamos a poner fin a los fraudes inmobiliarios que han generado roces con las autoridades municipales, porque se argumenta que en esa zona solo pueden intervenir autoridades federales”, subrayó.
Por su parte, Rolando Melo Novelo, secretario de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial de Puerto Morelos, destacó que también se abordó la importancia de aprovechar que el municipio trabaja en sus instrumentos de planeación urbana: el Programa de Desarrollo Urbano Municipal y del Centro de Población, así como el Plan de Ordenamiento Ecológico Local, que constituye el instrumento ambiental.
“Con estos instrumentos de planeación podremos analizar todos los desarrollos, centros de hospedaje, parques ecoturísticos y comercios que se han proliferado en la zona, para su probable regulación”, añadió.
En términos generales, fue una reunión en la que los tres órdenes de gobierno plantearon a las directivas ejidales la necesidad de contar con un ordenamiento y una regulación, pero sobre todo de frenar los fraudes inmobiliarios, ya que actualmente se invita a la gente a comprar e invertir sin ofrecer certeza jurídica, mediante cesiones de derechos y contratos privados sobre tierras de uso común.
