CANCÚN.- El cierre de cárceles municipales representa un gran logro al que nos hemos sumado distintas instancias, procurando fortalecer la implementación de medidas más eficientes y con miras a la readaptación integral del justiciable, destacó el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), José Antonio León Ruiz, en el marco de la reunión de trabajo con la Secretaría Estatal de Seguridad Pública, la Fiscalía General del Estado y la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
En este tenor, el magistrado presidente del TSJE, agregó que muestra de esta coordinación interinstitucional, lo será también la implementación de los Tribunales de Tratamientos de Adicciones, tras el cierre de las cárceles de los municipios de Isla mujeres, José María Morelos y Lázaro Cárdenas, y que los recluidos sean trasladados a los tres centros penitenciarios del Estado, dependiendo su cercanía.
En la reunión que se realizó en las instalaciones del C-4, en esta ciudad, recordó que la reforma de 2008 derivó en la implementación de un modelo de justicia penal del Estado Mexicano de promover, garantizar, proteger y respetar los derechos fundamentales, donde se enfatizó con mayor vigor la obligación por el respeto de los derechos humanos y la necesidad de distinguir entre procesados y sentenciados
“El día de hoy, con la firma y publicación de este convenio es resultado de un esfuerzo de colaboración interinstitucionales, por parte del estado de Quintana Roo a fin de garantizar el respeto irrestricto a esos derechos humanos”, asentó.
Refirió que, en el Poder Judicial, al inicio de la gestión 2017-2022, se integró una mesa de trabajo conformada por magistrados, consejeros, jueces y la Defensoría Pública se avaluó el rezago que existe en los juzgados penales tradicionales, principalmente de Cancún y de Playa del Carmen, y resultó que, en noviembre de 2017, existían 906 causas penales en instrucción, 1206 solicitudes de órdenes de aprehensión pendientes por acordar y 1248 sentencias pendientes por dictamen.
De tal manera, dijo, que con este rediseño de juzgados que obedeció a un inventario exhaustivo del estado que guardan tales procesos, se logró dictar 135 resoluciones de solicitudes de órdenes de aprehensión, se cerraron en instrucción 148 causas penales y dictaron 266 sentencias.
“Para tener un parámetro de las relevancias de estas cifras cabe mencionar que en el año 2016 estos mismos juzgados dictaron solo 261 sentencias, es decir, se dictó en el último trimestre del 2017, lo que se había dictado en un año”, sostuvo.
En su intervención resaltó el esquema de los Tribunales de Tratamiento de Adicciones es un sistema basado en la justicia terapéutica, orientada a las personas con problemas de abuso o adicción a sustancias psicotrópicas o etílicas y que, derivado de dicha condición, hayan cometido un delito.
“Este modelo es la culminación del sistema penal acusatorio, pues aprovecha la proclividad del mismo hacia la justicia restaurativa que tiene, entre otras finalidades, la reinserción del imputado o del adolescente a la sociedad”.
Destacó que en este esquema, se optimiza el trabajo interdisciplinario, pues además de las autoridades judiciales y de la Fiscalía, existe una participación fundamental de los representantes del Sector Salud, así también de la Autoridad en el caso de la Supervisión de Medidas Cautelares y por encima de todo ello, del imputado o adolescente a quien se le atribuye el hecho delictivo y por ello, recientemente, se llevó a cabo un primer curso de capacitación donde de manera interdisciplinaria participaron médicos, defensores públicos, agentes del Ministerio Público, personal de Seguridad Pública y Jueces de Control.
“Sin duda alguna, la presencia de las autoridades damos muestra de un compromiso de establecer soluciones conjuntas y de mayor impacto en las que se privilegie la concertación hacia un objetivo común hacia un mejor ámbito de seguridad y de justicia y, como se ha establecido en el Poder Judicial, por una justicia humana, moderna y cercana a la gente”, concluyó.
