CDMX.- Como parte de las medidas cautelares dictadas por los jueces de control que presidieron las audiencia de Emilio Lozoya Austin, ex titular de Petróleos Mexicanos, se impuso el uso de un brazalete electrónico de localización que el pasado 30 de julio le fue colocado al ex funcionario.
De acuerdo con los medios mexicanos Reforma y El Universal, agentes ministeriales acudieron en compañía de personal de la empresa que brinda el servicio de localizadores al Consejo de la Judicatura Federal para poner el brazalete al imputado.
El aparato, que tendrá colocado en el tobillo, registrará su localización vía satélite y enviará alertas en lapsos de 30 y 60 segundos. Lozoya Austin deberá registrar con las autoridades el domicilio en el que permanecerá la mayor parte del tiempo para programar la localización, pero tendrá la oportunidad de movilizarse por la Ciudad de México y su zona conurbada.
Reforma detalló que una vez que la correa de seguridad del brazalete fue desprendida, el aparato comenzó a enviar noticias de alerta sobre la localización del imputado. “Se puede bañar con él, nada más no sumergirse en una alberca ni someterlo a presión”, señaló el medio.
La proveedora del aparato publicó en su página de internet que “la libertad no da felicidad a las personas, simplemente las hace personas”.
En la colocación del brazalete también estuvo presente uno de sus abogados: Alejandro Rojas Pruneda, quien asistió al Hospital Ángeles Pedregal para explicarle el procedimiento.
Lozoya se encuentra internado por síntomas de anemia desde que regresó a México en calidad de extraditado de España el pasado 17 julio. Desde el nosocomio privado compareció en dos audiencias: una por el caso Agronitrogenados y otra por Odebrecht, en ambas se dictó la medida de localización.
En específico, las autoridades señalaron que Lozoya llegó a México con “anemia desarrollada y problemas sensibles en el esófago, así como una debilidad general en toda su salud”.
El ex funcionario mexicano fue acusado por la Fiscalía General de la República (FGR) por uso de recursos de procedencia ilícita, corrupción, asociación delictuosa y cohecho. Pero, a pesar de que la fiscalía señaló que había riesgo de fuga durante la audiencia, no solicitó la prisión preventiva oficiosa.
Esto podría deberse a que Lozoya volvió al país para acogerse en lo que se conoce como criterio de oportunidad, una figura jurídica por medio de la cual el imputado daría información al gobierno para revelar un delito mayor. (Infobae)
