CORRE LA VOZ
LA ÚLTIMA (DEL FISCAL)… ¿Y NOS VAMOS?
La permanencia del fiscal de Justicia de Quintana Roo, Oscar Montes de Oca, se sostiene ya con alfileres.
El bloqueo de más de ocho horas a la Zona Hotelera la semana pasada por activistas y grupos de personas desaparecidas que exigen su remoción por falta de respuestas para encontrar a sus seres queridos y la más reciente denuncia de extorsión de una residente extranjera a quien presuntamente le pedían en la Fiscalía 26 mil dólares para iniciar la búsqueda de sus hijos sustraídos de su hogar, pueden ser las gotas que rebosen el vaso de la paciencia de la gobernadora Mara Lezama y del Congreso del estado.
En Quintana Roo, las desapariciones de personas se mantienen constantes y de acuerdo a denuncias de colectivos y familiares de las víctimas se han contabilizado al menos 2,400 casos desde hace cinco años a la fecha, por lo que grupos colectivos, ante la inoperancia de la Fiscalía General del Estado para dar con ellos, se han organizado para presionar a las autoridades y aceleren las investigaciones.
Desestimando estas cifras, Oscar Montes de Oca tiene sus propios datos. Según él, los números que manejan los colectivos de más de 2 mil personas desaparecidas “no es real” y se le está dando “una lectura incorrecta”. De acuerdo a sus apuntes, sólo están reconocidos oficialmente 163 desaparecidos desde el 2016.
El funcionario asegura que gran parte de esos casos que denuncian se trata de “no localizables”; es decir, de personas que se ausentan de su domicilio por voluntad propia sin un contexto de violencia y que en muchos de los casos ya regresaron. O bien, cuando uno de los padres retiene a sus hijos sin el consentimiento de la otra parte, pero que sus familiares los buscan a través de la Fiscalía… como fue el sonado caso de la extranjera, que afirma que le pedían una “mochada” de medio millón de pesos para ayudarla a localizar a sus hijos.
Hace unos días, la mujer de origen checa denunció públicamente que desde el pasado 12 de septiembre su esposo sustrajo de su domicilio a sus dos menores hijos y se los llevó con rumbo desconocido, en medio de una disputa matrimonial por la custodia de los niños, de 3 y un año de edad. Creyendo que encontraría atención y justicia, acudió a la Fiscalía a denunciar los hechos y pedir ayuda para encontrarlos.
Pero en vez de eso, se encontró con un presunto manto de impunidad tendido con la intención de proteger a su esposo con dilaciones innecesarias y obstáculos burocráticos en la búsqueda de sus hijos, llegando al extremo, afirma, de haberle exigido un vicefiscal la cantidad de 26 mil dólares para subir a las plataformas la Alerta Ámber para la búsqueda de menores, que por Ley debe ser gratuito e inmediato por la vulnerabilidad de las víctimas dada su corta edad.
El escándalo detonó y salpicó una vez más a la dependencia manejada por el fiscal heredado por el gobierno saliente de Carlos Joaquín, quien modificó la Constitución para no sólo imponerlo por carecer de la residencia necesaria (venía de la CDMX), sino crearle una armadura legal para afianzarlo nueve años en el cargo, aún después de haber terminado el mandato el ex gobernador. Un legado incómodo, que sólo ha traído problemas a la administración de Mara Lezama.
Tras la exhibición de corrupción que hiciera la madre desesperada, la FGE no tuvo más que subir la Alerta Ámber… ¿y qué creen?: En menos de 24 horas los niños aparecieron y fueron devueltos a los brazos de su madre, luego de dos meses de estarlos buscando y esperando que la dependencia hiciera un trabajo que sólo dio resultados por la presión mediática y no por la voluntad de quienes ahí dentro calientan la silla y cobran por ello cada quincena.
Por lo pronto, el bloqueo a la Zona Hotelera de Cancún, que afectó a miles de ciudadanos, turistas y empresarios en el principal destino de playas de América Latina, ya tuvo una contundente reacción y rodó la cabeza de la titular de la Comisión de Búsqueda de Personas en Quintana Roo, para empezar.
Pero los colectivos, con años de lucha para ser atendidos y escuchados, creen que la solución al problema está en la copa del árbol y no en las raíces, por lo que insisten que a quien se debe podar es al fiscal.
Y la gobernadora y el Congreso, ante tantos reclamos, ya ponderan esa necesaria y urgente posibilidad.
