CANCÚN.- Esta mañana, un grupo de ciudadanos y militantes de Morena clausuraron simbólicamente las oficinas de la empresa concesionaria de agua potable Aguakan, ubicadas en la avenida Yaxchilán de esta ciudad. Allí, denunciaron los cobros excesivos por el servicio y la mala calidad del agua.
Los inconformes colocaron una manta con la leyenda “clausurado”, además pegaron varios carteles en la fachada de las oficinas de la empresa donde se lee “clausurado por el pueblo, por abusos recurrentes, cobros excesivos, cobrar aire en vez de agua, mala calidad del agua y ser mercenarios del agua”.
El activista y morenista, Gerardo Solís Barreto, pidió la intervención de la presidenta municipal, Ana Patricia Peralta de la Peña, para que exija a sus regidores que presenten un juicio contra esta empresa y retirarle la concesión del servicio.
“Esta clausura simbólica es para que el gobierno haga lo que ya se hizo en Isla Mujeres, donde el Cabildo aprobó tumbar la concesión a Aguakan por los abusos que realiza”, expresó y pidió que se haga lo mismo en Benito Juárez, Puerto Morelos y Solidaridad.
Dijo que la consulta pública, en la que participaron más de 11 mil personas, es vinculante para quitar la concesión a Aguakan, por lo que exigió que se le cumpla a la gente.
Señaló que el agua que vende la empresa no es potable, sino clorada, por la cual la empresa hace cobros excesivos y abusivos, como el realizado a una de las manifestantes que mostró su recibo de agua, el cual arribó de 11 mil pesos por el consumo de un mes.
“Decidimos como ciudadanos hacer esta clausura simbólica para que la gente tome conciencia, ya que el gobierno no hace su trabajo”, dijo Solís Barreto y descaró que la manifestación tenga tintes políticos.
Afirmó que como activistas ya han presentado tres denuncias contra la empresa Aguakán por el derrame de agua que afecta el sistema de humedales Chacmuchuch, en Isla Mujeres.
Denunció que la empresa Aguakan se siente intocable y por esta situación decidieron realizar esta clausura, porque el gobierno no hace su trabajo y es la ciudadanía la que sale afectada por los excesivos cobros.
