CIUDAD DE MÉXICO.- El gobierno federal, el mayor responsable de resolver la violencia e inseguridad en todo el país, recibe el 92% del presupuesto destinado a las funciones de Seguridad Pública pero, en la práctica, continúa la porosidad en aduanas donde ingresan ilegalmente las armas con las que son cometidos el 90% de los delitos, principalmente del crimen organizado, y hay descontrol migratorio que permite extorsiones como las de los colombianos del Gota a Gota, además de deficiencias en el combate al lavado de dinero como principal fuente de financiamiento de los grupos criminales.
De acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación, los recursos destinados para atender la seguridad pública en el país se distribuyen de la siguiente manera: el gobierno federal recibe 92%, los estados 4.6% y los municipios 2.5%.
Como principal responsable de atender la violencia e inseguridad en el país, a Quintana Roo lo han dejado solo desde el sexenio pasado y los cuatro meses que van de la presente administración, antes por el vacío y negligencia de Enrique Peña Nieto y ahora por el combate al huachicol. El resultado es que existe una gran ausencia del gobierno federal contra el crimen organizado que controla el tráfico de drogas, de personas, de indocumentados, además de los secuestros, extorsiones, derechos de piso.
En la noche del pasado miércoles, en el bulevar Colosio de Cancún que conduce al aeropuerto internacional, fue quemada una agencia de autos de lujo porque los empresarios se negaron a pagar el llamado “cobro de piso”. En el otro extremo del país, en San Pedro, Nuevo León, el municipio de mejor calidad de vida y conurbado a Monterrey, otro lote de autos de lujo fue quemado también por este mismo “impuesto” del crimen organizado.
En los primeros tres meses del gobierno de Andrés Manuel López Obrador fueron asesinados 8,524 mexicanos: 2,875 en diciembre; 2,853 en enero y 2,796 en febrero. En cada uno de estos meses hubo más homicidios dolosos que en el último mes de Enrique Peña Nieto, con 2,687 muertos contabilizados en noviembre de 2018.
Asimismo en el arranque de la administración de López Obrador el volumen de droga decomisada fue de 30 mil kilogramos, en comparación con los primeros tres meses del gobierno de Felipe Calderón cuando fue decomisado por la Defensa Nacional (Sedena) un millón y medio de cocaína, mariguana y heroína, y el mismo periodo de Peña Nieto cuando la cifra llegó a 104 millones de kilogramos.
En reciente entrevista durante la puesta en marcha de la campaña de canje de armas en el Palacio Municipal de Benito Juárez, el coronel del 64º Batallón de Infantería, Juan Ramón Corona Valencia reconoció que hay “tránsito” de armas en Quintana Roo. “Estamos trabajando para frenarlo porque esas armas se están utilizando para cometer delitos”, dijo.
Alfonso Durazo, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana informó que se están contrabandeando mil armas diarias a México; son 365 mil al año. Muchas de ellas entran por la frontera norte del país. Entre Tijuana y Matamoros, hay 2 mil 500 armerías y no son para vender las armas a los residentes de los Estados Unidos; su negocio es venderlas a quienes las cruzan ilegalmente a México, reveló el funcionario.
Para combatir o, al menos, disminuir los delitos, López Obrador señaló en su reciente informe de seguridad que su Gobierno solo puede disponer de 10 mil policías federales “por lo que en los hechos”, dijo, “la población del país se encuentra en estado de indefensión”. En ese contexto Alberto Capella, secretario de Seguridad Pública de Quintana Roo, indicó que al estado le han restado en este año más del 70% de los elementos de fuerzas federales para combatir el crimen.
Tanto para detener el cruce ilegal de armas como de personas, existen pocos agentes de migración y sobrada corrupción en las aduanas, lo que debilita la cobertura del Estado mexicano en las líneas fronterizas, dando pie a una sustitución de poderes en favor de las organizaciones de traficantes.
Saskia Rietbroek, de la firma estadounidense No Money Laundering, estima que el lavado de dinero en el país, principal fuente de financiamiento de los grupos criminales, alcanza el 5% del PIB (Producto Interno Bruto) lo que significa que alrededor de 45 mil millones de dólares en dinero sucio al año pasa por bancos, casas de cambio, casas de bolsas, empresas de seguros, agrupaciones aparentemente religiosas, etcétera.
El lavado de dinero puede afectar el sistema económico en la medida en que debilita la integridad de los mercados financieros y genera el riesgo de disminuir el control de la política económica, contribuyendo a la inestabilidad en los mercados, pérdida de ingresos fiscales y riesgo para las instituciones financieras y la economía en su conjunto.
