QUINTANA ROO.- Pedro Flota Alcocer, presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Quintana Roo, conjuntamente con Leslie Hendricks Rubio, representante del Organismo Nacional de Mujeres Priístas (Onmpri) en el estado, dio a conocer este lunes en conferencia de prensa que presentaron ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo (Cdheqroo) una denuncia por violencia política de género contra Layda Sansores, gobernadora de Campeche.
La de Quintana Roo fue una de las denuncias que se interpusieron este día en todo el país a nombre de la legisladora Jaqueline Hinojosa Madrigal contra la gobernante de Campeche. Aducen que la mandataria el pasado 5 de julio condujo un programa donde afirmó que tenía en su posesión material íntimo de las integrantes del Grupo Parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados.
Subrayaron que los señalamientos de la funcionaria pública afectan los derechos humanos de las 35 legisladoras federales del PRI, son misóginos y violentan la dignidad de todas las mujeres señaladas en el escrito.
“La aseveración realizada por la gobernadora representa una seria y grave afectación a nuestros derechos humanos, pues a través de sus señalamientos misóginos estaría violentando la dignidad de todas las mujeres señaladas en este escrito de queja y se está vulnerando nuestra privacidad e intimidad”, subraya la denuncia entregada a la Cdheqroo.
Este hecho, advierten, no sólo es posiblemente constitutivo de delito, sino que son actos de violencia mediática, violencia institucional, violación directa y fehaciente a los derechos fundamentales. Por lo anterior, se solicitó una investigación pronta y eficaz que lleve a la identificación y enjuiciamiento de los posibles responsables de violaciones a sus derechos humanos y el esclarecimiento de los hechos.
Con fundamento en dichas disposiciones y lo previsto en la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, solicitaron se otorguen medidas cautelares para evitar la consumación irreparable de las violaciones denunciadas o la producción de daños de difícil reparación a las afectadas.
Los integrantes pidieron la eliminación del video publicado en el que se mencionan las fotografías íntimas de las diputadas, así como prohibir la continuidad de manifestación en la materia de la violencia en contra de las suscritas, el continuar ejecutando actos de violencia mediática o digital que las afecte y acercarse o comunicarse con la víctima u ofendida.
Además, demandaron limitar el asistir o acercarse al domicilio de la víctima u ofendida, así como las medidas que sean necesarias para salvaguardar la integridad, la seguridad y la vida de la persona en situación de violencia.
Finalmente, se solicita al organismo realizar las investigaciones necesarias por la posible obtención ilegal de material fotográfico privado, “pues representa una grave violación a nuestros derechos como mujeres y servidoras públicas”.
El PRI y el Onmpri de Quintana Roo refrendaron su solidaridad con las diputadas federales y solicitaron a las autoridades actuar de manera pronta y expedita y evitar acciones que pueden ser irreversibles y constituirse en graves faltas a los derechos humanos de las servidoras públicas señaladas.
