CANCÚN.- La magistrada Adriana Cárdenas Aguilar fue denunciada penalmente por desempeño irregular de la función pública, al juzgar ella una causa por la vía penal y luego permitir que su esposo, el juez Octavio Ascencio Fernández, también revisara este mismo caso, pero por la vía civil.
Los abogados defensores de este caso también interpusieron una queja ante el Tribunal Superior de Justicia, por violar el Código de Ética.
El caso deriva de la muerte de una paciente en el hospital Galenia de Cancún, que data de 2013, por el cual el doctor, Jorge Manuel T. A., fue denunciado de homicidio culposo.
De forma paralela, marchaba el juicio civil interpuesto por el esposo de la difunta, que era revisado por el juez Tercero Civil, Octavio Ascencio Fernández.
El doctor acusado fue hallado inocente por el juez penal; sin embargo, en menos de un mes, la magistrada Adriana Cárdenas Aguilar revocó esto y lo declaró culpable, extralimitándose sus funciones, pues solo le tocaba valorar los agravios.
Lo anterior, mientras su esposo, Octavio ascencio Fernández también fallaba en contra del galeno y le ordenaba pagar 20 millones de pesos como restitución de daños.
Para los abogados defensores, por ética y en observancia a la Ley Orgánica del Poder Judicial, uno de los dos jueces debía excusarse del caso. Su negativa a hacerlo y la coincidencia en fallos hace sospechar de un contubernio con los abogados litigantes, Indira Alejandra Chavelas Veraza y Cuauhtémoc Bustamante.
Cabe destacar que la víctima había sido operada un mes antes en un hospital de la Ciudad de México, pero al parecer quedó con secuelas. Pese a la intervención realizada en Cancún, la paciente falleció. Testimonios indican que la causa de muerte fue choque séptico, pero sin indicar responsabilidades directas.
La contraparte se apoyó en el dictamen de la Comisión Nacional Médica, que sí culpó al acusado, sin embargo, el perito que lo redactó este documento nunca mostró su credencial profesional ni ratificó el dictamen, por lo que carecía de valor probatorio.
El doctor agraviado ya acudió a la Fiscalía General del Estado a interponer una denuncia penal por desempeño irregular de la función púbica y abuso de autoridad, que quedó bajo la carpeta de investigación 1443/2022.
