WASHINGTON.- Donald Trump ha iniciado la purga de su administración. El departamento de Justicia ha despedido a todos los funcionarios que trabajaron en las investigaciones penales del fiscal especial Jack Smith en sus dos casos federales, por tratar de revertir las elecciones del 2020 y por llevarse y retener documentos clasificados en su residencia de Mar-a-Lago tras abandonar el poder. Además, este mismo lunes ha destituido a gran parte de los dirigentes de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), encargada de la ayuda exterior, que ya congeló el viernes casi en su totalidad.
El fiscal general en funciones, James McHenry, ha informado de su despido a los empleados del departamento de Justicia “que desempeñaron un papel significativo en el procesamiento del presidente Trump”, alegando que “no confía en que esos funcionarios ayuden a implementar fielmente la agenda del presidente” y con el objetivo de “poner fin a la instrumentalización del gobierno”, ha dicho un funcionario del departamento en un comunicado.
Se trata del comienzo de la “venganza” que prometió Trump durante la campaña contra todos aquellos que hayan participado en sus investigaciones penales. La cabeza de turco era el fiscal especial Smith, nombrado por el anterior fiscal general Merrick Garland para aportar independencia a la causa penal, pero ya presentó su dimisión a principios de enero avanzándose a esa decisión. En noviembre, tras la victoria de Trump en los comicios, retiró todos los cargos contra el entonces presidente electo, alegando que la doctrina del departamento de Justicia es no procesar a mandatarios.
El funcionario que ha anunciado esta decisión no ha dado la cifra de cuantos empleados iban a ser despedidos. Smith se rodeó de un equipo de 40 abogados para investigar a Trump y logró su imputación, por parte de un jurado popular, en ambos casos. Cuando finalmente retiró los cargos y la jueza cerró el caso, algunos de ellos abandonaron la administración y volvieron a sus trabajos.
Aunque ninguno de los casos penales llegó a juicio, el fiscal publicó un informe en el que aseguró que tenía evidencia “suficiente” como para llevar a juicio al republicano y conseguir su condena. En el informe, enviado al Congreso, Smith lamentó los numerosos desafíos legales que enfrentaron ambos casos desde que logró la imputación de Trump. Entre ellos, el fallo del Tribunal Supremo que reconoció la inmunidad al presidente por los delitos cometidos en “actos oficiales” durante su mandato, que forzó varios aplazamientos, así como la candidatura electoral de Trump y su posterior victoria en los comicios, que imposibilitó el comienzo del juicio.
Los despidos anunciados no tienen precedentes en la historia moderna y podrían ser desafiados en los tribunales. La justificación de la pérdida de “confianza” contradice décadas de legislación de la función pública, que establece que los empleados de carrera solo pueden ser despedidos por mala conducta o bajo rendimiento, no por hacer su trabajo.
