CIUDSS DE MÉXICO._ En julio de 2018, 14 días después de que fue declarado como el vencedor de las elecciones presidenciales, Andrés Manuel López Obrador, presentó una serie de compromisos para combatir la corrupción y aplicar una política de austeridad.
Es un dicho común entre los mexicanos: “prometer es fácil, cumplir no tanto”, pero para el gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador, más que un dicho parece ser un hecho. A más de cuatro meses de estar operando muestra inconsistencia entre sus propuestas y el cumplimiento de éstas.
Licitaciones directas
En julio de 2018, 14 días después de que fue declarado como el vencedor de las elecciones presidenciales, López Obrador presentó una serie de compromisos para combatir la corrupción y aplicar una política de austeridad, entre ellos, el pacto de que los contratos de obra del gobierno se llevarán a cabo mediante licitación pública.
Sin embargo, la nueva administración federal ha estado replicando el modelo de los gobiernos pasados al asignar de forma directa gran parte de contratos, señaló una investigación del organismo Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad.
Durante los primeros tres meses del gobierno de AMLO se adjudicaron de manera directa 74.3% de los contratos gubernamentales, en tanto que las licitaciones abiertas alcanzan 18.3%, de acuerdo con un análisis de los contratos publicados en la plataforma Compranet.
Un ejemplo de esta forma de proceder del gobierno federal es la construcción de la refinería de Petróleos Mexicanos (Pemex) en Dos bocas, Tabasco, toda vez que a través de invitación restringida se estableció que cuatro empresas competirían por el contrato, esto con el objetivo de “evitar que (entren) compañías con antecedentes de corrupción”.
Sin embargo, estas empresas sí han sido acusadas por actos de corrupción, reveló Forbes México en un reporte especial.
Declaracione patrimoniales
Otro compromiso de campaña de AMLO fue que todo funcionario presentara su declaración de bienes patrimoniales; así como la de sus familiares cercanos, y hacerla pública y transparente en todos los casos.
Para cumplir esta promesa el mandatario tuvo que presionar públicamente a los integrantes de su gabinete.
Tanto Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación; Alejandro Gertz Manero, fiscal general de la República; y Josefa González Blanco, secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales; fueron cuestionados por la opinión pública luego de que evitaron transparentar su declaración patrimonial.
Fue necesario que López Obrador solicitará públicamente a los funcionarios transparentar su situación financiera para que los secretarios de Estado cumplieran con el mandato del ejecutivo federal, sin embargo, lo hicieron con inconsistencias.
Por ejemplo, en su declaración patrimonial, Sánchez Cordero apunta que sus ingresos mensuales ascienden a 348,661 pesos. De los cuales 120,583 pesos son por su cargo público y 228,078 pesos están marcados como “Otros”. En el apartado de bienes inmuebles, la secretaria de Gobernación declara poseer un “terreno rústico” con una extensión de 380,000 metros cuadrados con un valor de 90,000,000 “viejos pesos”, es decir, 90,000 pesos en valor de 1992.
Gastos superfluos
Una de las banderas de la campaña presidencial de AMLO fue evitar gastos superfluos e innecesarios al interior de la administración federal, sin embargo, durante el primer día de su gobierno hay registro de gastos por más de 41 millones de pesos en la comida de mandatarios e invitados especiales a la toma de protesta el pasado 1 de diciembre.
De acuerdo con informes publicados por el diario El Universal, el gobierno federal gastó 41,018,479 pesos en contratos por organización del evento, transporte de los mandatarios, hospedaje, alimentos, equipo de sonido, renta y acondicionamientos de espacios y servicios de internet.
Otra investigación periodística reveló que durante el primer mes de gobierno de AMLO se pagó casi un millón de pesos en la compra de café, refrescos, galletas y comida de alta calidad a la Oficina de Presidencia.
La investigación del periódico Publimetro señaló que se adjudicaron 941,000 pesos para la compra del abastecimiento de alimentos para el comedor al que asisten alrededor de 600 empleados adscritos a la Oficina de Presidencia, que representa 11,000 pesos que gastó el gobierno de Enrique Peña Nieto durante su primer mes en funciones. (FUENTE: FORBES)
