CHETUMAL.- La XVI Legislatura del Estado de Quintana Roo emitió un exhorto a la Secretaría de Seguridad Pública del estado, para que despliegue los operativos de vigilancia necesarios a fin de salvaguardar la integridad patrimonial de la infraestructura perteneciente al sistema educativo del Estado de Quintana Roo.
El acuerdo, presentado por obvia y urgente resolución por los integrantes del grupo legislativo del PVEM Tyara Schleske de Ariño, Judith Rodríguez Villanueva, José de la Peña Ruiz de Chávez y Erick Gustavo Miranda García, fue avalado por el Pleno Legislativo de manera unánime.
En la exposición de motivos, se señala que uno de los efectos colaterales de la pandemia de COVID-19 fue el cierre total de las instituciones educativas como medidas de prevención y mitigación de la propagación del virus SARS-COV-2.
Los legisladores promoventes expusieron que el abandono de las dinámicas en los centros educativos no sólo trajo consecuencias para los modelos de enseñanza-aprendizaje, alumnos, padres de familia o maestros en su conjunto; sino también representó una afronta en la situación patrimonial de los sistemas educativos, ya que la infraestructura educativa, fue repentinamente abandonada en su mantenimiento y preservación a la luz del confinamiento.
“Robos, vandalización y carencia de mantenimiento y de servicios básicos, son una constante en escuelas a lo largo del Estado, lo cual imposibilita que, ante la ya puesta en marcha del regreso a clases, los centros educativos se encuentren en condiciones de representar un espacio digno para el alumnado”, agrega la iniciativa.
De acuerdo a cifras proporcionadas por el Instituto de Infraestructura Física Educativa de Quintana Roo (IFEQROO) hasta el mes de julio del presente año, los daños y pérdidas provocados por robos a escuelas cerradas por la pandemia de COVID-19 ascendían a 21 millones de pesos, siendo afectados más de 310 planteles educativos, cifras que solo pueden mostrar una tendencia a la alza ya que la Secretaría de Seguridad Pública ha reconocido un incremento en reportes de robo y vandalización a los centros educativos en el estado, sin que se registren avances en la integración de las carpetas de investigación para sancionar a los responsables.
En la sesión ordinaria número 13, presidida por la diputada Tepy Gutiérrez Valasis, se dio lectura a la solicitud de expedición de la Declaratoria de inicio de funciones de los Tribunales Laborales del Poder Judicial del Estado, a partir del día 3 de noviembre de 2021, presentada por el magistrado José Antonio León Ruiz, presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado.
Además, se dieron lectura a la iniciativas ciudadanas que proponen: expedir la Ley de Fomento de la Actividad Cinematográfica, Audiovisual y Fotográfica, que crea la Comisión de Filmaciones del Estado de Quintana Roo; presentada por Salvador Ricardo Quiroz Prieto; así como la de reforma a la Constitución local y a la Ley de los Municipios, presentada por Liz Marilyn Torres Leal, Ignacio Alonso Velasco y Laura Silvina Argüello, para cambiar el requisito de “mexicano por nacimiento” por el de “poseer la ciudadanía mexicana”.
De igual manera, se leyó y turnó a comisiones para su estudio y análisis, la iniciativa por la que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Prestación de Servicios Inmobiliarios del Estado de Quintana Roo; presentada por el diputado José Luis Guillén López, presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano Sustentable y Asuntos Metropolitanos.
También se envió a comisiones la iniciativa por la que se reforman diversas disposiciones de Ley de Educación, Ley Orgánica del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia y Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, todas del Estado de Quintana Roo; presentada por la diputada Judith Rodríguez Villanueva, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Legislatura.
En la misma sesión, se dio lectura a una iniciativa de reformas a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales de Quintana Roo, para crear una Defensoría Pública para la Protección de los Derechos Político-Electorales; así como a una iniciativa para reformar el Artículo 194 del Código de Justicia Administrativa del Estado, ambas presentada por la diputada Euterpe Alicia Gutiérrez Valasis, presidenta de la Comisión Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos.
Por último, el Congreso del Estado informó a la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, sobre las acciones que esta soberanía ha realizado respecto a la instrumentación de programas de promoción, capacitación, enseñanza y actualización permanente en materia de derechos humanos dirigidos a las y los servidores públicos de este Poder Legislativo, con la finalidad de robustecer la cultura de respeto y la vigencia de los derechos humanos.
