De acuerdo con la versión oficial estadounidense, la conversación se llevó a cabo el 11 de enero de 2026 y tuvo como eje la urgencia de desmantelar a los cárteles que operan en México y que, según Washington, representan una amenaza directa para la seguridad regional y de Estados Unidos.
El gobierno estadounidense dejó claro que la lucha contra estas organizaciones criminales es una prioridad de política exterior y de seguridad nacional, aunque no se establecieron plazos concretos ni se detallaron mecanismos específicos, lo que fue interpretado como un mensaje de presión política directa hacia la administración mexicana.
Durante la llamada, Rubio insistió en la necesidad de obtener “resultados tangibles” que permitan frenar el flujo de drogas sintéticas y armas, subrayando que México tiene un papel clave en la estrategia de seguridad del hemisferio occidental. Washington ha calificado a algunos de estos grupos criminales como organizaciones narcoterroristas.
Por su parte, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que el intercambio se realizó bajo los principios de respeto irrestricto a la soberanía nacional, responsabilidad compartida y colaboración sin subordinación, en apego a las instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
La cancillería reiteró que México mantiene una política de cooperación bilateral en materia de seguridad, pero sin aceptar presiones ni acciones que vulneren su soberanía, en un contexto de creciente tensión discursiva desde Washington sobre el combate al crimen organizado y al tráfico de drogas sintéticas.