JOSÉ MARÍA MORELOS.- Disfrazada de una “renuncia voluntaria”, la secretaria general del Ayuntamiento de José María Morelos, Rosilene de Rubí Carvajal Pech, fue cesada de su cargo tras descubrirse que mediante el abuso de confianza se inscribió como beneficiaria del programa social ‘Mujer es Vida’, destinado a mujeres quintanarroenses en pobreza extrema.
Este es el quinto o sexto caso en menos de una semana donde funcionarias estatales y municipales han sido descubiertas adjudicándose para ellas los beneficios de los programas sociales insignias del Gobierno de Quintana Roo, como lo son ‘Mujer es Vida’ y ‘Mujer es Poder’.
Además del caso de la hoy ex secretaria del municipio gobernado por el morenista Erick Borges Yam, trascendió que también están siendo investigadas por la Secretaría de la Contraloría estatal la directora del albergue estudiantil, Teresa Castillo Rodríguez, así como Teresa Medina Martín, esposa de Antonio Blanco Nahaut, vocero del Ayuntamiento.
Mediante el oficio SG/0020-SE/2023/JMM, el presidente municipal, Erick Borges, ha convocado a los regidores morelenses a una sesión extraordinaria manaña jueves 24 de agosto, a las 19:00 horas, para anunciar la sustitución de Rosilene Carvajal, quien, cita el texto, presentó su “renuncia voluntaria”.
Desde una subsecretaria estatal de la Secretaría del Bienestar -la primera-, hasta el más reciente caso de la ex directora de Desarrollo Social del Ayuntamiento de Othón P Blanco, suman al menos seis servidoras públicas de alto y medio nivel, que con sueldos entre 30 y 40 mil pesos mensuales estafaban a los programas sociales del Gobierno.
Todas ya cesadas de su cargo, a pesar del nivel de sus jerarquías y los salarios decorosos que devengaban, se adjudicaron ilícitamente apoyos de mil pesos mensuales y despensas, a las que no tenían derecho por no ser mujeres en condiciones de pobreza, que es el principal requisito para poderse inscribir.
A raíz de la aparición de estos casos, la gobernadora Mara Lezama ordenó a la Contraloría estatal una investigación inmediata y a fondo, para detectar cuántas funcionarias públicas más pudieran estar aprovechándose de sus cargos y la cercanía a los programas sociales ‘Mujer es Vida’ y ‘Mujer es Poder’, para beneficiarse inescrupulosamente.
La orden de la gobernadora fue tajante: A la calle quien haya incurrido en abuso de confianza y tráfico de influencias para robarle al Estado y despojar de la oportunidad a otras mujeres que necesitan más de los apoyos de los programas sociales que ella encabeza.
Todas sin excepción ya han sido cesadas y la Secoes ha profundizado en las investigaciones.
