CIUDAD DE MÉXICO.- La titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Irma Eréndira Sandoval, dio a conocer que la dependencia a su cargo investiga a 10 ‘superdelegados’ del Gobierno federal ubicados en diversas entidades por supuestamente utilizar recursos públicos con fines distintos al beneficio de la ciudadanía.
Lo anterior se debe a 12 denuncias que ha recibido contra ellos.
“Estamos procesando 12 denuncias ya en contra de 10 delegados estatales de programas para el desarrollo. Una vez terminadas las investigaciones, todo aquel que se encuentre culpable o que la investigación arroje indicios para una asignación de responsabilidad administrativa, o incluso para una vista a una responsabilidad penal por haber utilizado recursos públicos con fines distintos al beneficio de la ciudadanía, será sancionado”, aseguró.
Esto, al responder a una pregunta de la diputada federal del Partido Acción Nacional (PAN), Gloria Romero León, dentro de su comparecencia en el pleno de la Cámara de Diputados como parte de la glosa del Primer Informe de Gobierno, la funcionaria se refirió al tema de los ‘superdelegados’.
“Hasta ahora, las entidades federativas cuyos delegados han sido denunciados y están siendo investigados son Aguascalientes, Chihuahua, Chiapas, Colima, Guanajuato, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa y Sonora, y como le digo, estamos abiertos a cualquier otra denuncia que llegue a nuestros sistemas”, afirmó.
Asimismo, señaló que una vez terminadas las investigaciones todo aquel que se encuentre culpable o que tenga una responsabilidad administrativa o penal, será sancionado.
“Como ustedes saben, esta utilización de los programas sociales ya es otro de los delitos que se tipifican como delitos graves y tienen prisión oficiosa”, comentó Sandoval.
De acuerdo con la funcionaria federal, esas denuncias están siendo trabajadas con la autonomía técnica y de gestión que corresponde a los Órganos Internos de Control de la dependencia.
Recordó que hace dos días, el presidente Andrés Manuel López Obrador emitió un nuevo memorándum y citó a subdelegados federales en cada entidad para señalar que en su administración no hay posibilidad de hacer un uso autoritario del poder.
Más adelante, señaló que hay cuatro auditorías en proceso que corresponden a los programas de Apoyos para el Bienestar de Niños y Niñas, Hijos de Madres Trabajadoras, al de Pensión para Personas con Discapacidad, al de Sembrando Vida y a todos los Servidores de la Nación.
Agregó que se continúa la investigación contra el ex delegado en Jalisco, Carlos Lomelí, la cual se está realizando “con la autonomía técnica y administrativa de los órganos de control”. “Y como le digo, estamos abiertos a cualquier otra denuncia que llegue a nuestros sistemas de denuncia”, detalló la funcionaria.
“Como ustedes también saben, esta utilización de los programas sociales ya es otro de los delitos que se tipifican como delitos graves y tienen prisión oficiosa”, recordó la funcionaria.
Previamente, entre pancartas y reclamos del PAN en la tribuna por las versiones del presunto enriquecimiento del ex priista, Manuel Bartlett, hoy director de la CFE, denunció que “la corrupción fue la peor herencia de las últimas décadas, la peor herencia del neoliberalismo” y aseguró que hoy, para su combate, “no hay ni filias ni fobias; no habrá intocables ni perseguidos”.
Ofreció “un control patrimonial de los funcionarios públicos, para eliminar el abuso de poder”. Sin embargo, la diputada del PAN, Josefina Salazar, le reclamó la “exoneración anticipada” de Manuel Bartlett y el retraso en las investigaciones de su caso, por lo que le demandó “no pasar de una ´honestidad valiente´ a una omisión cobarde”.
Acompañada de un grupo de diputados panistas sobre la tribuna, y con fotos de Bartlett sobre sus rostros, la diputada exigió a la funcionaria aclarar la procedencia de las riquezas de Bartlett y su familia,y cumplir el compromiso del presidente de barrer la corrupción como en las escaleras: “de arriba para abajo”.
La Secretaria sostuvo que las investigaciones se están llevando a cabo y que “no se puede acusar a priori y se respetará “la presunción de inocencia”. “Aquí no se investiga por consigna, en absoluto”.
Informó que ya el SAT entregó información de sus declaraciones fiscales, y que se pidieron también al Contralor del Senado las declaraciones patrimoniales de Manuel Bartlett, de 2014 a 2018: además se ha pedido información a los Registros Públicos de la Propiedad de la Ciudad de México, de Puebla y Tabasco sobre bienes, inmuebles y sociedades mercantiles.
“Estaremos dando la cara y no habrá asomo de protección a nadie”, afirmó.
La diputada del PRD, María Guadalupe Almaguer, le demandó informar ya sobre las indagatorias también en contra de Yeidckol Polevnsky por la condonación de sus impuestos; de Napoléon Gómez, por sus adeudos al sindicato minero; Carlos Lomelín, por su conflicto de interés, entre otros casos.
La priista María Alemán dijo que “no son claras las acciones para la austeridad ni el destino de los ahorros; no conocemos la metodología y generar ahorros en el gasto no garantiza buenos resultados en educación, salud, seguridad, ni blinda al gasto público de desvíos y de malos manejos”. Criticó el despido de miles de trabajadores y la violación de sus derechos humanos y laborales. (FUENTE: EL FINANCIERO)
