CDMX.- La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) negó que realice labores de espionaje y, en la misma sintonía del presidente, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que se trata de “labores de inteligencia” para detectar generadores de violencia y delincuentes.
“Esta Secretaría, con estricto apego al Estado de derecho, ratifica que no realiza actividades de inteligencia y mucho menos de espionaje de índole alguna en contra de sectores de la población, como defensores de los derechos humanos, activistas sociales y periodistas, entre otros”.
Esto, luego de que Animal Político reveló que el Ejército compró el software Pegasus y espió, durante tres años, un reportero de esta casa editorial, al periodista y escritor Ricardo Raphael, y al defensor de Derechos Humanos, Raymundo Ramos.
En un comunicado, la Sedena aseguró que las leyes mexicanas facultan a las Fuerzas Armadas para realizar labores de inteligencia contra la delincuencia organizada.
“El propósito principal de las actividades de inteligencia es llevar a cabo la detención de líderes de organizaciones delincuenciales y generadores de violencia, la ubicación de instalaciones empleadas como centros de producción y acopio de drogas, además del aseguramiento de armamento y otros resultados importantes en materia de seguridad pública”, se lee en el documento.
Según la Sedena, en este tipo de operaciones se “prioriza la inteligencia sobre el uso de la fuerza, para garantizar un mayor margen de seguridad en la actuación de las tropas y otras fuerzas de seguridad pública”.
La dependencia reconoció que se realizó la compra de Pegasus, pero que se utilizó entre junio de 2011 y agosto de 2013, única y exclusivamente, para mantener la seguridad y capacidad operativa del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.
Sin embargo, en su respuesta, la Sedena no menciona a la empresa Comercializadora Antsua, SA de CV, representante en México de NSO Group, dueña de Pegasus, y tampoco hace referencia a los casos documentados por este medio.
El espionaje del Ejército
El Ejército mexicano compró, en 2019, un programa para el “servicio de monitoreo remoto de información” que se usa para intervenir los teléfonos celulares. Ese mismo año, los teléfonos de al menos tres personas fueron intervenidos con Pegasus para monitorear llamadas y mensajes.
En los tres casos, la intervención ilegal a los teléfonos ocurrió cuando los afectados investigaban temas relacionados con presuntas violaciones a derechos humanos cometidas por las Fuerzas Armadas.
Quien los espió pudo acceder a todo el contenido en el equipo: contraseñas, archivos, fotografías, correo electrónico, contactos, aplicaciones de mensajería, incluso encriptadas. También, activar el micrófono y la cámara para monitorear toda la actividad cerca del teléfono, así como acceder a conversaciones de mensajería realizadas previamente al ataque.
