BOCANADAS
EN UN ENTORNO político donde las decisiones fiscales suelen ser implacables, la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, y el senador Eugenio Segura, han demostrado que la sensibilidad y el diálogo pueden prevalecer y convivir con ellas. La gestión exitosa que encabezaron sobre la aplicación del Derecho de No residentes a partir del 2025 a turistas de cruceros, rindió resultados y el Gobierno federal determinó aplazar hasta el 1 de julio del próximo año la entrada en vigor del polémico impuesto de $42 dólares por cada pasajero de cruceros que baje en cualquier puerto mexicano.
Este tributo, que forma parte de la Ley Federal de Derechos y que había permanecido sin aplicarse durante una década, estuvo a punto de desencadenar una crisis en el turismo de cruceros, uno de los pilares económicos de México. Pero la gestión, por un lado, de la gobernadora y el senador quintanarroenses, sumada, por el otro, a la buena disposición sobre el tema en el círculo cercano a la presidenta Claudia Sheinbaum, consiguieron un acuerdo que ha dado por lo pronto un respiro al sector de los cruceros. Y no sólo a los que llegan a nuestros destinos: Cozumel y Mahahual, sino que, de “botepronto”, salieron beneficiados también los destinos del Pacífico mexicano, que no son pocos.
TRIPA LARGA
EL IMPUESTO, APROBADO en el Senado y parte del paquete fiscal 2024, generó un profundo malestar en la Asociación de Cruceros de Florida y el Caribe (FCCA). Su presidenta, Michele Paige, expresó preocupación por el impacto de este cobro pues, ha afirmado, hará de los puertos mexicanos destinos menos competitivos frente a otras opciones en el Caribe. Paige advirtió que un incremento del 213% en los costos podría derivar en una drástica reducción de llegadas, afectando los ingresos y el empleo en comunidades que dependen del turismo marítimo.
En este escenario de incertidumbre, fue que Mara Lezama y Eugenio Segura tomaron cartas en el asunto. La gobernadora asumió la representación directa no solo de los puertos de Quintana Roo, sino también, indirectamente, de los puertos cruceristas en Los Cabos, Manzanillo, Huatulco, Puerto Vallarta, Acapulco, Mazatlán, Ixtapa-Zihuatanejo, entre otros, en las costas del Pacífico, que veían también con preocupación la aplicación inminente del impuesto en enero próximo.
A través de un acercamiento con la presidenta Claudia Sheinbaum y con el respaldo del Senado, lograron finalmente, ayer que el Gobierno federal aplazara la implementación del cobro por 180 días, proponiendo además una aplicación gradual a partir del segundo semestre del 2025.
VITOLA
EL APLAZAMIENTO, AUNQUE temporal, fue celebrado por empresarios y autoridades locales, quienes habían manifestado su inquietud por las repercusiones económicas. Y por parte de la FCCA, si bien su CEO, Michel Paige, agradeció que el impuesto se haya pospuesto por seis meses, expresó su preocupación por el futuro de las relaciones comerciales entre México y las navieras estadounidenses, aunque se ha ganado un tiempo fundamental para suavizar el tema y buscar otras opciones de negociación con ellas.
Aunque las preocupaciones persisten en el sector de cruceros, expertos financieros señalan que, no obstante, este cobro podría generar hasta 8,400 millones de pesos anuales, recursos que serán destinados -en parte- a mejorar la infraestructura portuaria y los servicios turísticos. El aplazamiento permitirá, al menos, un periodo de ajuste para que las empresas y comunidades puedan prepararse.
En palabras de Mara Lezama la prioridad es proteger los intereses de Quintana Roo y de todo México. “Este tiempo extra permitirá buscar consensos y garantizar que la transición sea lo menos perjudicial para todos los involucrados”, manifestó la gobernadora este lunes tras darse a conocer el acuerdo entre funcionarios de la 4T y la FCCA.
BUENOS HUMOS
LAS GESTIONES DE Mara y “Gino” no solo evitaron una crisis inmediata, sino que demostraron la importancia del diálogo como herramienta política. Si bien la FCCA aún espera una solución más equilibrada, la disposición de las autoridades mexicanas para establecer mesas de trabajo marca un cambio positivo en la relación con las navieras.
En una etapa en la que México busca fortalecer su infraestructura y su competitividad turística, las decisiones tomadas hoy serán clave para el futuro del sector y este tema deja claro que el reto no es solo recaudar más, sino hacerlo sin comprometer la estabilidad de una industria que da sustento a miles de familias mexicanas.
Mara Lezama y Eugenio Segura han dado una lección de gestión y sensibilidad, logrando un respiro para los puertos de Cozumel y Mahahual y, de paso, a los del Pacífico mexicano, que suman al menos diez. Ahora, la atención estará en cómo México aprovecha estos 180 días para construir un consenso con sus socios navieros que garantice que el turismo de cruceros siga siendo un motor de desarrollo económico y que los malos augurios de los fatalistas no se cumplan.
