BOCANADAS
ANTE LAS ESPECULACIONES desatadas sobre las recientes reformas a la Ley de Movilidad y al Código Penal de Quintana Roo, la gobernadora Mara Lezama aclaró esta mañana en su programa La Voz del Pueblo que en el estado no se criminalizará la protesta ni se atentará contra la libre manifestación de ideas. Y fue clara en este sentido:
“Es totalmente falso que estas reformas afecten la libre expresión. En Quintana Roo se respeta el derecho a manifestarse, pero no se permitirá que nadie imponga su voluntad con violencia, amenazas o agresiones”, afirmó la mandataria.
Este pronunciamiento responde a la polémica generada en esta semana, donde algunas voces expresaban preocupación de que las modificaciones legales fueran utilizadas para sancionar marchas y bloqueos. Sin embargo, Mara Lezama enfatizó hoy que la reforma no busca reprimir la protesta social, sino frenar la violencia y el abuso en el transporte público. De lo cual, hay que reconocer, propios y visitantes ya estamos hartos.
Con este mensaje, la gobernadora dejó en claro que los ciudadanos pueden ejercer su derecho a la protesta, pero no a costa del orden público ni de la seguridad de los usuarios y turistas. En ese sentido, advirtió que habrá cero tolerancia para aquellos transportistas que atenten contra la ciudadanía, visitantes y turistas, ya sea con agresiones, bloqueos o amenazas.
TIRO PERFECTO
LAS REFORMAS APROBADAS esta semana por el Congreso local responden a una problemática que se ha vuelto insostenible: la violencia en el transporte público, particularmente en el gremio taxista.
En los últimos años, se han registrado múltiples incidentes donde choferes han agredido a turistas y a conductores de plataformas digitales como Uber, bloqueado calles, los accesos a la zona hotelera y el aeropuerto, e incluso cobrado tarifas excesivas sin regulación. La impunidad con la que operaban generó hartazgo en la ciudadanía y dañó la imagen del estado en el exterior.
Recapitulando sobre el tema, las modificaciones a la Ley de Movilidad y al Código Penal establecen que:
- Toda agresión en el transporte público será perseguida de oficio, sin necesidad de denuncia previa.
- Las sanciones por delitos como lesiones y homicidio aumentarán hasta un 50% si ocurren en el ejercicio del transporte público.
- Si la víctima es un turista o menor de edad, las penas podrían incrementarse hasta en dos terceras partes.
- Las concesiones y permisos podrán ser revocados en caso de actos de violencia o bloqueos ilegales.
Estas reformas buscan enviar un mensaje contundente: los transportistas que operen con violencia y abuso enfrentarán consecuencias reales.
TRIPA CORTA
HISTÓRICAMENTE, EL GREMIO taxista ha sido uno de los más protegidos desde el poder en Quintana Roo, gozando de privilegios políticos de gobernadores en turno que les permitieron operar a sus anchas sin mayores restricciones. Sin embargo, en los últimos años su reputación fue cayendo en picada debido a sus constantes abusos, la falta del respeto a los usuarios y una escalada de violencia en las calles.
Según datos recientes, 24 taxistas fueron detenidos en el último año por actos violentos y 18 concesiones fueron revocadas. Las agresiones han sido tan recurrentes que cada vez más turistas evitan los taxis locales: de acuerdo a la publicación especializada en turismo Reportour, más del 60% de los viajeros que llegan al Aeropuerto Internacional de Cancún optan para trasladarse por autobuses o transporte privado para evitar problemas con los chafiretes sindicalizados.
La mala imagen de los taxistas afecta no solo a la seguridad, sino a la economía del estado. Cancún y la Riviera Maya dependen del turismo, y la experiencia del visitante debe ser segura y confiable. Por ello, la gobernadora ha sido clara: “Teníamos que poner orden”, aseveró y dijo que las reformas aprobadas no buscan perjudicar a los transportistas que trabajan de manera legal y respetuosa, sino sancionar a quienes han hecho del abuso y la violencia su norma de operación.
BUENOS HUMOS
EL RETO DE ahora en adelante será la aplicación efectiva de estas nuevas medidas por parte de instituciones como la Fiscalía General del Estado y el estatal Instituto de Movilidad. La ciudadanía y el sector turístico estarán atentos para verificar si estas reformas realmente se traducen en un transporte público más seguro, eficiente y confiable.
Para los transportistas que cumplen con la ley, este cambio representa una oportunidad para recuperar la confianza perdida. Para quienes han operado con la impunidad que les otorgaban los privilegios que antaño les prodigaban desde la cúpula del mando en el estado, el mensaje que está mandando ahora la gobernadora es claro: el tiempo de los abusos y la violencia por el transporte en las calles, ha terminado. Allá quienes no quieran entender el mensaje.
