CHETUMAL.- La depuración en la Fiscalía General de Quintana Roo ha encontrado resistencia entre el personal afectado por los cambios, principalmente los 223 elementos que tienen hermanos dentro de la corporación, los 435 que no cumplen con el requisito de escolaridad, los que no cuentan con Evaluaciones de Control de Confianza vigentes o antecedentes de evaluación y los que no aprobaron los exámenes por diversas razones, como corrupción y vínculos con la delincuencia organizada.
Como parte de sus informes la Fiscalía enlistó el personal, por nivel, que tiene parentezco de hermano con otros empleados de la dependencia. Por orden de nivel descendiente está primero el vicefiscal, con 1 hermano; director general, 1; director de área, 1; subdirector, 4; jefe de departamento, 7; jefe de oficina, 2; analista especializado, 1; secretaria ejecutiva, 5; analista técnico, 6; oficios, 1; auxiliaries de oficios, 1; operadores, 2; fiscal especializado, 1; coodinador de zona, 6; fiscal de Ministerio Público, 31; médico legista, 3; perito, 12; fiscal de Ministerio Público Auxiliar, 45; agente de la Policía de Investigación, 81; base 11, dando un total de 223 elementos.
En esa lista destaca que los agentes de la Policía de Investigación son los que más hermanos tienen laborando en la institución.
En total la Fiscalía cuenta con 597 policías de Investigación, de los cuales 75 tienen secundaria inconclusa, 352 bachillerato inconcluso, 8 bachillerato concluido y 120 licenciatura concluida, lo que equivale al 20% de policías que hasta 2018 cumplía con el requisito de escolaridad exigido por la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Ley Orgánica de la Fiscalía General del estado.
En ese sentido durante 2019 se incorporaron a través de convocatoria y curso de formación inicial, 42 policías con licenciatura concluida, por lo que el porcentaje de cumplimiento del requisito de escolaridad subió al 27% dentro de la corporación.
El estado de fuerza de la Policía de Investigación es de 591 elementos, de los cuales 318 aprobaron la evaluación, 110 no cuentan con Evaluaciones de Control de Confianza vigentes y serán evaluados en el transcurso de 2020, y 75 no cuentan con antecedente de evaluación por lo que se solicitó su programación.
Del total de policías 88 no aprobaron la evaluación, lo que equivale al 14.89% del estado de fuerza. De estos 88 elementos, se destituyeron 8 por el Consejo de Honor y Justicia, a 37 se les iniciaron procedimientos administrativos de separación, de los cuales 11 están suspendidos con amparo, 3 sin suspensión con amparo, 9 se encuentran en proceso de notificación, 12 más en pendientes por el Reglamento y 2 están en revisión. Adicionalmente, 12 más se mandaron al archivo por amparo o incompetencia del Consejo y 31 no tienen procedimiento por tener un resultado antiguo.
Las causas identificadas en la Fiscalía por las que estos policías no aprobaron la evaluación, son:
- Solicitar compensaciones en especie o en efectivo a cambio de agilizar las investigaciones de los denunciantes.
- Presentación de documentos apócrifos para acreditar su grado de estudios.
- Antecedentes de consumo de sustancias tóxicas o consumo reiterado de bebidas alcohólicas.
- Vínculos con delincuencia organizada.
- Conductas inapropiadas en el desempeño de la función.
- Problemas de salud que impiden el adecuado desempeño.
- Conductas ilícitas para obtener un beneficio.
- No acreditar el origen lícito de depósitos realizados a sus cuentas personales.
- Infligir o tolerar actos de tortura.
- Distorsionar los hechos en el informe de investigación para beneficiar a los inculpados.
- Portar su arma de cargo en estado de ebriedad.
- Antecedentes de procedimientos administrativos por diversas conductas.
- Violencia familiar.
- Positivo a sustancias prohibidas.
