La familia LeBarón, víctima de una matanza en 2019, confirmó este martes que un juez federal admitió un amparo para que la Fiscalía General de la República (FGR) reabra la investigación contra el exsecretario de Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, quien fue detenido en Estados Unidos por narcotráfico y extraditado a México, donde fue exonerado.
“En el amparo se argumentó que toda la sociedad es víctima de los delitos que acusaban a Cienfuegos, por eso le dijimos al juez que, como sociedad, teníamos derecho a saber la verdad y tener justicia”, explicó la familia LeBarón en una carta dirigida al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).
¿Por qué exoneraron a Cienfuegos?
A mediados de enero, la FGR rechazó ejercer acción penal contra Cienfuegos, quien fue secretario de Defensa durante el gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018) y que había sido señalado de lavado de dinero y narcotráfico por la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, en inglés).
Hace unos meses nos admitieron un amparo que busca reabrir las investigaciones contra Cienfuegos.
Hoy fuimos a pedirle al Presidente que respete la autonomía del poder judicial
Le pedimos que haga valer la transformación; que transforme la impunidad en justicia. Aquí la carta👇🏽 pic.twitter.com/vLFX6KzHgP
— Bryan LeBaron (@BClebaron) May 26, 2021
La Fiscalía dijo entonces que, tras el análisis de las pruebas de las autoridades estadounidenses y las proporcionadas por Cienfuegos, “se llegó a la conclusión de que nunca tuvo encuentro alguno con los integrantes de la organización delictiva investigada por las autoridades norteamericanas”.
La exoneración de Cienfuegos causó polémica porque la Fiscalía revisó en menos de dos meses el expediente que la DEA armó desde 2017.
“Argumentamos que teníamos interés en que se valore el no ejercicio de la acción penal. El juez admitió el amparo y les pidió a las autoridades que rindieran su informe”, agregaron los LeBarón.
Los LeBarón recordaron que tanto la Presidencia de México como la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) promovieron una queja argumentando que no se debió admitir el amparo y un tribunal colegiado tendrá que resolver.
