JALISCO.- Miguel Ángel Félix Gallardo, líder del extinto cártel de Guadalajara y actualmente preso en el penal estatal de Puente Grande, Jalisco, debería estar en prisión domiciliaria por su estado de salud, consideró el titular de la Dirección General de Prevención y Reinserción Social del Estado, José Antonio Pérez Juárez.
El funcionario indicó que el llamado “Jefe de jefes” se encuentra en una zona del penal para presos de más de 70 años con enfermedades crónico degenerativas y ha mostrado buena conducta.
“Si nos enfocamos técnicamente a su evolución como persona privada de la libertad, aunado a las enfermedades irreversibles como la pérdida de un ojo, la pérdida de un oído, aspectos gastrointestinales, en estricto apego a derecho, él debería de estar en un resguardo domiciliario”, señaló el funcionario.
Indicó que durante los tres años que lleva en el puesto ha observado que Félix Gallardo ha cumplido con todas las tareas y actividades del reclusorio, por lo que jurídicamente está preparado para seguir su proceso en prisión domiciliaria.
Pérez Juárez explicó que la Ley Nacional de Ejecución Penal establece que para realizar esta solicitud y la autoridad penitenciaria debe rendir un informe de las actividades y evolución del reo.
Reveló que la Presidencia de la República envió a un abogado para entrevistarse con Félix Gallardo y que la Comisión Nacional de Derechos Humanos también envió a un representante, por lo que es posible que su equipo jurídico ya esté analizando solicitar la prisión domiciliaria.
“A nosotros sólo nos compete el pronunciarnos si su conducta y su riesgo es el adecuado para su reclusión domiciliaria. La verdad es el adecuado, porque es una persona en todo su internamiento jamás tuvo una riña, no es una persona que consuma drogas, mucho menos alcohol, es una persona que se ha conducido con respeto al interior del centro y creemos que por su edad y por su enfermedad, tiene todo el derecho de tener una reclusión domiciliaria”, concluyó.
Félix Gallardo tiene 75 años, fue detenido en abril de 1989 y sentenciado en 2017 a 37 años de cárcel por el homicidio del agente de la DEA, Enrique Camarera Salazar y del piloto mexicano Alfredo Zavala Avelar.
