CANCÚN.- Con la publicación en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo de la nueva Ley de Notariado de Quintana Roo, oficialmente pone fin a la entrega discrecional de estas patentes, reemplazadas por una lista de aspirantes a notario, conformada por abogados que ingresan mediante examen de oposición.
El artículo 28 de dicha ley indica que, para ser aspirante a notario, se deben cumplir requisitos como: ser mexicano con 30 años de edad al momento de presentar el examen; tener residencia en la entidad de cuando menos cinco años ininterrumpidos; cinco años de ejercicio de la abogacía teniendo un título universitario y cédula profesional; así como 24 meses de práctica ininterrumpida bajo la dirección y responsabilidad de algún notario titular de Quintana Roo.
También se les pide no tener vicios, enfermedades crónicas ni mala reputación, así como no ser ministros religiosos.
Para ser aspirante, deben aprobar el examen teórico-práctico que se les aplique con un puntaje de 75 en la escala de cero a 100.
CONVOCATORIA, CADA 2 AÑOS, Y SOLO SI HAY 5 ASPIRANTES
En cuanto a la convocatoria para estos exámenes, se especifica que la Secretaría de Gobierno de Quintana Roo, encargada de regular a las Notarías, será la que cada dos años la emita, siempre y cuando haya por lo menos cinco interesados y si así lo considera necesario.
Aunque otro punto que se aclara es que, partiendo de la misma ley (Artículo 13), solo podrá haber un notario público por cada 15 mil habitantes. Tomando en cuenta este dato, la cifra actual de Notarías está por encima de lo que la ley plantea. Por lo tanto, hay que esperar los datos del Censo de Población 2020, para tener el número real de Notarías que debe haber en Quintana Roo.
Cada que haya una vacante en una Notaría o que se abra una nueva, serán, de acuerdo a la ley, únicamente quienes tengan el nombramiento de aspirante a notario los que podrán concursar.
Cabe recordar que, al final de la administración de Roberto Borge Angulo, se repartieron 34 Notarías a discreción, muchas de las cuales quedaron en manos de aliados del borgismo, militantes del PRI o de otros partidos o sus familiares, en indefendibles procesos de “convocatoria”, totalmente opacos y emitidos un día antes que la entrega de las patentes.
Con estos cambios a la ley se busca transparentar el proceso de asignación.
