CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum presentó este martes los detalles del llamado “plan B” de la reforma electoral y anunció que la iniciativa será enviada el mismo día al Senado de la República.
“Va hoy a la Cámara de Senadores la propuesta”, informó durante su conferencia en el Salón Tesorería de Palacio Nacional.
Por su parte, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, explicó que la reforma constitucional contempla la reducción de costos y privilegios en el servicio público, además de establecer que ningún funcionario podrá percibir un salario mayor al de la titular del Ejecutivo federal.
“Esta reforma va por menos privilegios y más participación”, afirmó, al detallar que se propone reducir el número de regidurías a un mínimo de siete y un máximo de 15, así como limitar a una sola sindicatura por municipio.
También se plantea fijar un tope presupuestal de 0.7 por ciento del presupuesto estatal para los congresos locales, cuyos ahorros se destinarían a obras de infraestructura pública.
En materia salarial, la iniciativa establece que funcionarios electorales estatales no podrán ganar más que la presidenta, además de eliminar bonos, seguros e ingresos adicionales. Para el Senado, se acordó una reducción progresiva del gasto hasta alcanzar el 15 por ciento.
Sobre la revocación de mandato, se propone que se realice el primer domingo de junio del tercer o cuarto año de gobierno, lo que podría ocurrir en 2027 o 2028, dependiendo del periodo.
La reforma contempla modificaciones a siete artículos de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. En cuanto al Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), se propone que los cómputos inicien desde la llegada de la primera urna, sin eliminar este mecanismo.
Asimismo, se plantea que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) pueda firmar convenios con el Instituto Nacional Electoral (INE) para reforzar la fiscalización de recursos en campañas.
En leyes secundarias, se propone transparentar las remuneraciones de dirigentes partidistas, obligar al reporte de operaciones financieras en tiempo real y establecer topes salariales.
“La iniciativa presidencial tiene como principio fundamental disminuir los privilegios y excesos en el ejercicio de la función pública. Se trata de tener menos privilegios y más participación ciudadana”, subrayó la titular de Gobernación.
