CDMX.- Mientras en Estados Unidos las autoridades procesan y castigan con severidad al líder de La Luz del Mundo, Naasón Joaquín García, y a miembros de su círculo más cercano, en México la misma organización religiosa logró abrirse paso en la política y colocar a personas vinculadas a su estructura dentro del Poder Judicial.
Naasón Joaquín, autodenominado apóstol de la iglesia con sede en Guadalajara y más de cinco millones de fieles en el mundo, cumple en California una condena de 16 años y ocho meses tras declararse culpable de abuso sexual contra tres menores. Sin embargo, la fiscalía federal de Manhattan lo acusó de nuevos delitos que incluyen tráfico sexual, producción de pornografía infantil y destrucción de pruebas, lo que podría llevarlo a cadena perpetua. Junto a él fueron señalados seis presuntos cómplices, entre ellos su madre Eva García de Joaquín, detenida en Los Ángeles bajo cargos de trata de menores y explotación de mujeres y niñas en el seno de la congregación fundada en 1926 por su abuelo.
El fiscal federal que presentó el caso recalcó que Naasón y su familia “explotaron la fe de sus seguidores para aprovecharse de ellos”, mientras que su defensa niega los señalamientos y acusa a las autoridades de construir un retrato grotesco.
El panorama en México resulta muy distinto. Antes de las elecciones judiciales del pasado 1 de junio, La Luz del Mundo promovió las candidaturas de cuatro perfiles ligados directamente a la organización, y pese a las impugnaciones presentadas por víctimas y por colectivos de derechos humanos, al menos dos de ellos obtuvieron el triunfo en las urnas. Se trata de Eluzai Rafael Aguilar, electo como juez penal en Jalisco, y de Madián Sinaí Menchaca Sierra, hija de un obispo de la congregación, quien resultó electa como jueza administrativa. Ambos cargos forman parte de los más de dos mil 600 puestos que se renovaron en la primera elección judicial celebrada en México.
El contraste es contundente. Mientras en Estados Unidos se endurece el cerco legal contra Naasón Joaquín y se desmantela la red de abusos de su iglesia, en México los mismos intereses logran escalar posiciones en espacios clave de la vida pública, particularmente en un Poder Judicial que apenas inauguró un proceso electoral marcado por la baja participación y la polémica sobre la idoneidad de sus candidatos. La situación refleja la disparidad en la aplicación de la justicia entre ambos países y abre interrogantes sobre el verdadero alcance de la laicidad y la independencia de las instituciones mexicanas frente a organizaciones religiosas con historial delictivo.
