CHETUMAL. – El delito de extorsión, en su modalidad de cobro de “derecho de piso”, por medio de la cual se exige al extorsionado el pago de una cantidad periódica de dinero a cambio de no ser víctima de delitos violentos, tales como daño a sus propiedades, ser asesinado o lesionado, será castigado en Quintana Roo de 20 a 50 años de prisión.
Lo anterior, en caso de ser aprobada la iniciativa del diputado presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jugocopo), Gustavo Miranda García, quien detalló que se propone aumentar hasta un tercio las penas para las diferentes causales de este delito.
Con ello, señaló, el Poder Legislativo atiende el clamor ciudadano de encontrar una solución que ponga freno al incremento desmedido del delito de extorsión.
La iniciativa propone reformar el artículo 156 del Código Penal del Estado para que, quienes se ostenten como miembros del crimen organizado al cometer el ilícito y/o quienes trabajen en instituciones que manejen datos personales y se valgan de su puesto para cometer extorsión, se les apliquen penas de 25 a 50 años de prisión.
“Cuántos negocios pequeños, medianos o grandes, formales o informales, han sufrido este cobro de derecho de piso y han tenido que cerrar su negocio o inclusive se han tenido que ir a vivir a otras partes y en ocasiones lamentablemente pierden la vida”, detalló Miranda García.
Agregó que el propósito es individualizar este ilícito, que los jueces no asuman que los que realizan estas prácticas son miembros de la delincuencia organizada, sino que le finquen responsabilidad individual a quien la autoridad detenga y compruebe que realiza el cobro del derecho de piso.
La iniciativa también detalla que quienes utilicen medios electrónicos para cometer el ilícito se propone aumentar la pena entre 30 a 35 años.
Lamentó que el “cobro por derecho de piso”, sea la modalidad de extorsión más arraigada en el estado, cuya práctica se ha vuelto sistemática y una triste realidad diaria que afrontan muchos quintanarroenses.
