CIUDAD DE MÉXICO.- El gobierno federal rastrea cuentas, empresas y bienes de Emilio Lozoya Austin, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), a fin de tener claro a cuánto ascienden y establecer la estrategia para solicitar su repatriación.
La Fiscalía General de la República (FGR) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) detectaron domicilios vinculados al ex funcionario en Suiza, España, Alemania y Estados Unidos.
Las investigaciones se concentran en Europa por ser el destino donde supuestamente trianguló recursos provenientes de los presuntos sobornos que recibió de la constructora Odebrecht.
En la indagatoria también destaca la empresa Yacani SA de CV, de la que su esposa Helene Eckes es socia, la cual fue identificada tras las fuertes transacciones a una cuenta en Suiza, como documentó MILENIO el año pasado.
La FGR ubicó tres domicilios en Nueva York y uno en Ginebra, Suiza, pero Lozoya Austin también vivió en Washington DC, Virginia, Texas y Miami. Además de las propiedades de Alemania, donde vivió con su esposa por ser originaria de este país europeo.
En la trama aparece la firma Tochos Holding Limited, con sede en las Islas Vírgenes Británicas, por haber sido utilizada para las presuntas triangulaciones con Odebrecht y Altos Hornos de México, casos que derivaron en la orden de aprehensión contra el ex director que se ejecutó este miércoles en Málaga, España.
Fue detectada por la Fiscalía Anticorrupción española, que alertó de la emisión de facturas sospechosas por 2.4 millones de dólares entre 2010 y 2011 y que permitió a las autoridades mexicanas rastrearla y vincularla con el ex funcionario.
Aunque la red de cuentas bancarias, bienes y propiedades aún no está del todo finalizada, ya que las indagatorias continúan, el gobierno mexicano exigirá la recuperación de estos recursos y las dependencias correspondientes ya analizan la vía.
Una de las alternativas a las que pueden recurrir es la Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción, que tiene como disposición que “los estados miembros devuelvan los activos obtenidos mediante la corrupción al país del cual se robaron”.
La también conocida como Convención de Mérida, por haberse firmado en Yucatán en diciembre de 2003, está integrada por 184 estados. Los instruye a que generen los mecanismos necesarios para que se puedan efectuar embargos preventivos o incautación de bienes relacionados con dicho delito. (FUENTE: MILENIO)
