CHIHUAHUA.- Con un as bajo la manga se presentó la Fiscalía Especializada en los Delitos contra la Libertad de Expresión a la apertura del juicio oral contra Juan Carlos M., el hombre serrano acusado del asesinato de la periodista Miroslava Breach.
Al presentar su teoría del caso, el fiscal federal Ricardo Sánchez Pérez del Pozo manifestó que en las próximas audiencias probará que las publicaciones de la víctima sobre narcopolítica obstruyeron los planes del grupo criminal de Los Salazar, que querían intervenir en la política municipal en la Sierra Tarahumara, por lo que su actual líder, Crispín Salazar Zamorano, ordenó al detenido que la matara.
“(Con la incorporación a las pruebas de) el testigo protegido ‘Apolo’ se probará de manera contundente su presencia el día que Crispín Salazar Zamorano instruyó al hoy detenido de cometer el homicidio de Miroslava Breach, y proporcionará información relevante del 26 de marzo cuando le reportó de manera directa haber cumplido sus órdenes”, anunció el fiscal en la audiencia de apertura a un mes de que se cumplan tres años del asesinato de la periodista de Chihuahua. No mencionó que el nuevo testigo hubiera implicado a un político municipal o estatal.
A lo largo de la audiencia conducida por el juez federal Néstor Pedraza Sotelo, cinco testigos con identidad reservada y un analista de la Fiscalía General de la República hablaron del trabajo periodístico que la corresponsal de La Jornada realizó hasta el día de su asesinato, el 23 de marzo de 2017, y que le acarreó amenazas “desde Chínipas”, el municipio de donde es originaria ella y la familia Salazar. En todos los testimonios hubo menciones a políticos del PAN y del PRI señalados por ella, a las presiones que recibió por políticos, y al papel del gobernador Javier Corral porque, según se dijo, aunque ella informó de las amenazas, no protegió a la periodista que era su amiga.
Las pistas no investigadas del asesinato de Miroslava Breach
“Se probará a través de evidencias, que Miroslava Breach era una periodista chihuahuense comprometida con dar a conocer la infiltración de los gobiernos municipales de Chihuahua, reveló información que afectó intereses del grupo criminal Los Salazar, como consecuencia decidieron silenciarla, primero a través de presiones políticas, luego a través de amenazas, al final a través de su asesinato”.
Con esas palabras del fiscal como prólogo se inició el que se espera sea un largo juicio en el que se presentarán 63 testigos a declarar y decenas de pruebas, en el intento de la fiscalía de alcanzar 70 años de prisión para el detenido, el hombre apodado como “El Larry”, a quien se ha señalado como la persona que controla Chínipas para la familia Salazar, vieja aliada del Cartel de Sinaloa en la Sierra Tarahumara y los límites entre Sonora y Chihuahua. Los cargos en su contra son: homicidio calificado, con premeditación y ventaja, con el agravante de que era mujer y periodista, así como mensajes intimidatorios.
