CHETUMAL. – El Congreso del Estado reconoció el trabajo hecho por la Fiscalía Anticorrupción que, a un año de haberse creado, no ha perdido ningún caso; ha logrado tres sentencias condenatorias en contra de ex funcionarios de la administración pasada y ha logrado recuperar recursos y propiedades patrimonio del Estado por un monto equivalente a 63 millones 12 mil 572 pesos de acuerdo con las cifras proporcionadas a legisladores.
La Fiscal especial Rosaura Antonina Villanueva Arzápalo acudió como marca la ley, ante la Comisión Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos del Poder Legislativo, a cargo de la diputada Yamina Rosado Ibarra, a rendir su primer informe de labores en el que destacó que hasta la fecha no ha perdido ningún caso de los que lleva y, por el contrario, ha obtenido tres sentencias condenatorias en contra de funcionarios de la administración pasada que han sido señalados por los jueces como culpables.
Diputadas y diputados de la XV Legislatura recibieron a la funcionaria a quien le reconocieron el trabajo desarrollado y a quien le refrendaron el respaldo del Poder Legislativo en la tarea anticorrupción que encabeza al atender 341 carpetas de investigación, de las cuales 217 procedimientos son contra servidores públicos, 56 son de competencia de una autoridad distinta que le debe dar seguimiento; 39 casos fueron judicializados; 14 fueron procesos contra particulares y en 12 se determinó el no ejercicio de la acción penal por falta de elementos o por haberse logrado un acuerdo de reparación entre las partes.
En la reunión el diputado Eduardo Martínez Arcila y el diputado Emiliano Ramos Hernández, coincidieron en la necesidad de valorar la posibilidad de que, como en otros estados de la República, la Fiscalía Anticorrupción, sea un órgano autónomo, independiente de la Fiscalía General del Estado, pues de esa manera contaría con mayores herramientas para poder funcionar de mejor manera.
La funcionaria reportó que en este año de trabajo la Fiscalía Anticorrupción logró asegurar 292 predios, de los cuales 23 cuentan con un avalúo equivalente a 202 millones 520 mil 531 pesos, mientras que 269 aún se encuentran en proceso de avalúo. Además, se han asegurado 70 bienes inmuebles como garantía de reparación del daño contra los imputados por diversos delitos, expuso.
El diputado Fernando Zelaya destacó la importancia de que en estos procesos de investigación se hayan emitido 20 alertas migratorias, así como 15 alertas rojas o fichas de la Interpol porque gracias a ello se logró la detención de un exfuncionario hoy preso.
A su vez el diputado Ramos Hernández le pidió a la Fiscal especial “no claudicar en esta lucha contra funcionarios que han saqueado el estado o han cometido algún delito” y sugirió que, quien haya delinquido, sea castigado conforme a la ley y no se permita que haya acuerdos reparatorios porque la sociedad espera castigos ejemplares.
La diputada Yamina Rosado, presidenta de la Comisión, sostuvo que es gracias a las denuncias por parte de la sociedad como se ha avanzado en estos procesos para terminar con la corrupción y ese cambio social, añadió, es el que se debe seguir promoviendo.
Por su parte el presidente de la Gran Comisión, Eduardo Martínez Arcila, sostuvo que, en la batalla por aplicar la justicia, se reconoce la desigualdad de condiciones, pues mientras la Fiscalía funciona con el mismo personal, abogados, peritos e investigadores, cada uno de los imputados cuenta con otros recursos, financieros y personales, con los cuales compiten contra la Fiscalía. A pesar de ello, dijo, “los números son muy claros: sí ha funcionado, es una revelación el que no haya uno solo que haya sido declarado inocente, ni con sentencia absolutoria”.
La Fiscal especial Rosaura Antonina Villanueva Arzápalo reiteró su compromiso de seguir procurando la justicia en su estricto sentido sin que en ello pese o incida ánimo alguno de revancha en contra de nadie.
A la reunión de la Comisión Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos, también asistió el diputado Luis Ernesto Mis Balam.
