Detenido por fraude millonario, tras años de polémicos negocios con la recolección de la basura en Quintana Roo, Carlos Canabal Ruiz, empresario y ex presidente municipal interino de Cancún (2004-2005), se fugó de la prisión domiciliaria que cumplía en un exclusivo departamento en San Pedro Garza García, Nuevo León, pese a contar con vigilancia policial. El ex edil estaba sujeto a proceso penal por el delito de administración fraudulenta por un monto de 531 millones de pesos, en perjuicio de la empresa LV S.A. de C.V., de la que fue socio.
La fuga se concretó el pasado 26 de abril -apenas se informó- cuando Canabal abandonó el departamento 106 del edificio ubicado en la calle José Vasconcelos 150, Condominio 2, piso 1, en la colonia del Valle, sin que los agentes estatales encargados de su custodia lo impidieran. Dos días antes, el ex funcionario había logrado que un juzgado federal en Zacatecas le concediera una suspensión definitiva que obligó a retirarle el brazalete de geolocalización, medida que allanó el camino para su evasión.
El juez de control del fuero común de Nuevo León, Eduardo Hernández, lo declaró formalmente sustraído de la justicia y giró una orden de reaprehensión. Por su parte, Xavier Olea Trueheart, representante legal de la empresa afectada, anunció que presentará denuncias penales contra los policías estatales responsables de su custodia y quejas contra jueces federales que, dice, facilitaron su huida con resoluciones irregulares.
Carlos Canabal fue detenido el 9 de febrero de 2024 en Tulum y trasladado al Centro de Reinserción Social 1 Norte, en Apodaca. En octubre fue llevado al Hospital Universitario de Monterrey por supuestos problemas de salud, y en diciembre obtuvo prisión domiciliaria gracias a un amparo otorgado por el Juzgado Séptimo de Distrito en Reynosa, Tamaulipas. Esta medida incluyó vigilancia y brazalete electrónico, condiciones que se fueron diluyendo con nuevas suspensiones.
Pero la historia de Canabal con el poder y la polémica viene de mucho antes. Fue alcalde interino de Benito Juárez (Cancún) de 2004 a 2005, tras la licencia solicitada por Juan Ignacio “Chacho” García Zalvidea para postularse a la gubernatura. Su corto mandato fue señalado por presuntos actos de corrupción y desvío de recursos municipales, mismos que nunca llegaron a formalizarse penalmente, pero que dejaron huella en la administración pública local.
Pese a su historial, más tarde, como empresario y mediante negociaciones políticas, se convirtió en socio y representante de “Inteligencia México”, empresa concesionaria del servicio de recolección de basura en Cancún, con contratos también en otros municipios de Quintana Roo como Solidaridad y Cozumel. Su relación con las autoridades locales fue siempre cuestionada, entre acusaciones de incumplimientos, malos manejos financieros y opacidad en el uso de los recursos públicos.
El fraude que lo llevó a enfrentar la justicia se originó en sus vínculos con la empresa LV S.A. de C.V., dedicada a los servicios de limpia en Cancún, a la cual presuntamente desvió más de 500 millones de pesos en su calidad de socio, junto con su madre, Elvia de Guadalupe Ruiz Ávila, quien también está procesada, aunque permanece prófuga.
Hoy, Canabal vuelve a los encabezados no como funcionario, ni como proveedor del gobierno, sino como prófugo de la justicia, tras burlar un sistema legal que -pese a múltiples advertencias de riesgo de fuga- terminó concediéndole beneficios que hoy exhiben graves fallas de fondo.
