CHETUMAL.- El llamado “Plan B” de la Reforma Electoral, que fue aprobado ayer por la Cámara de Diputados, y que será analizado por el Senado, pondría en graves riesgos las elecciones del 2024, además de la dinámica electoral, en todo el país, incluido Quintana Roo.
Así lo aseguró la vocal ejecutiva del INE en la entidad, Claudia Rodríguez Sánchez, al ofrecer esta mañana una rueda de prensa en Chetumal, para dar a conocer la postura de este instituto ante dicha iniciativa de modificación de ley.
“Con esta reforma se rompe el consenso político logrado en el 2014, para que la eficacia, independencia y profesionalismo de las elecciones impregnara la función electoral de todo el país. Se cambia un modelo institucional probado que ha dado garantías a todas las fuerzas políticas y confianza a la ciudadanía, por un modelo que solo ofrece incertidumbre y riesgos ante la elección más grande y compleja de nuestra historia en 2024”, aseveró.
En ese sentido, Rodríguez Sánchez señaló que de aprobarse, la Reforma Electoral provocaría, en un primer momento, la desaparición en Quintana Roo de las cuatro juntas distritales, y con ello el despido de 56 personas, entre administrativos y de servicio profesional, sin contar el personal que atiende en los Módulos de Atención Ciudadana.
Agregó que esta reforma también podría desaparecer los módulos de empadronamiento y credencialización, además toda la estructura electoral, para pasar todo a manos de una “figura coordinadora”, que se encargaría de administrar las sedes.
En ese tenor, indicó que aún no se tiene muy claro cuáles son los cambios que provocaría está reforma en este instituto, sobre todo en qué se convertirán las hoy cuatro Juntas Distritales de la entidad.
Finalmente, exhortó a la ciudadanía a respaldar a este instituto en las acciones jurídicas que se llegaran a tomar para frenar estas modificaciones.
“Por eso es nuestro deber informar a la sociedad defender el derecho de la ciudadanía a vivir en democracia, y respaldar a nuestro consejo general, en todas las acciones y vías jurídicas que la constitución establece, para salvaguardar la autonomía y profesionalismo del Instituto Nacional Electoral”, resaltó.
