Según Pérez Dayán, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no está capacitada para tomar esta decisión, ya que no se puede declarar que la Constitución es inconstitucional.
Detalló que, a pesar de que esta norma es contradictoria a tratados de los que México es parte, no se pueden adoptar normas internacionales ya que estas se deben adaptar a las leyes de México.
Esta postura fue compartida por la ministra Ortiz Ahlf, quien señaló que si entra en conflicto una norma internacional con una nacional, la Constitución debe ser aplicada primero.
Por otro lado, el ministro González Alcántara, reconoció que cambiar esta norma es facultad del Poder Legislativo, por lo que envió un exhorto al Congreso de la Unión para que revise y modifique esta norma.
Por su parte, la ministra Yasmín Esquivel estuvo de acuerdo en que no le corresponde a la Suprema Corte inhabilitar una norma constitucional, ya que únicamente está facultada para interpretar las leyes que están incluidas en la Carta Magna.
Sin embargo, la ministra defendió el uso de la prisión preventiva oficiosa, al asegurar que eliminarla podría provocar mayor inseguridad en el país, al igual que iría en contra de los Derechos Humanos de las víctimas al ponerlas en mayor peligro.
El ministro presidente, Arturo Zaldívar, levantó la sesión antes de que los demás integrantes del Pleno pudieran exponer su posicionamiento, declarando que la discusión continuará el día de mañana.
Al respecto, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que la eliminación de la figura de la prisión preventiva oficiosa representaría “una invasión abierta a la facultad del Poder Legislativo”.
“No creo que se atrevan porque es completamente violatorio de la Constitución, pero eso ya le correspondería al Legislativo y nosotros, pues defendernos para que no nos invadan, porque pues ya no seria la Suprema Corte de Justicia, sino el Supremo Poder Conservador”, dijo en su conferencia ‘mañanera’.
