MÉXICO.- Los promotores del Tren Maya ocultaron información crítica relacionada con su trazado, la posible demanda y los riesgos constructivos para acelerar las obras y licitaciones del legado faraónico que Andrés Manuel López Obrador quiere dejar como presidente de México. Los informes de actividades y diversos documentos y borradores entregados que a lo largo del año 2019 realizó la consultora PriceWaterhouseCoopers (PWC), a la que el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) pagó 32 millones de pesos por la Asesoría Económico Financiera, revelan que se escondieron datos y censuraron secciones en el Análisis Costo Beneficio que debe presentarse ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para dar luz verde a un proyecto.
Entre las casi siete mil 500 páginas que PWC entregó a Fonatur, conseguidas vía Transparencia por El UNIVERSAL, se observa como diferentes críticas y precisiones fueron eliminadas de los informes finales mientras se acumulaban los retrasos. AMLO ha advertido en diversas ocasiones que quiere dejar el Tren Maya funcionando a finales de 2023 y ha espoleado repetidas veces a las empresas encargadas de su construcción para acelerar las obras.
Este megaproyecto consta de mil 500 kilómetros para crear un lazo en la península de Yucatán. Tiene tres ejes económicos: turismo, transporte local y mercancías. En 726 kilómetros desmantela y reconstruye las vías existentes para el Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec y en el resto serán nuevas vías. Los dos tramos más complejos, sin vía construida y que atraviesan las Reservas de la Biosfera de Calakmul y la de Sian Ka’an, serán construidos por el Ejército.
No es la primera vez que las autoridades censuran críticas al Tren Maya en informes encargados por ellas mismas, ni que retuercen la legislación para acelerar plazos, ni que son señaladas por solo hablar de los beneficios del proyecto y nunca de sus riesgos. Todos estos aspectos fueron revelados y documentados por EL UNIVERSAL.
En diciembre de 2019, EL UNIVERSAL publicó testimonios recogidos a lo largo de la ruta que se quejaban de la falta de información para poder tomar una decisión en la consulta celebrada ese mes en las comunidades indígenas para aprobar el Tren Maya. Esto fue confirmado por la División de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que dijo que la votación no cumplió con los estándares internacionales y que solo se informó de los beneficios y no de los posibles impactos negativos.
Después se documentó como a finales de septiembre de 2019 el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología invitó a más de 30 investigadores para conformar este grupo con el fin de estudiar las afectaciones y publicar un análisis antes de la consulta. Al ver que era crítico con el proyecto, fue detenida su publicación y difusión en diversas ocasiones y solo vio a la luz una vez se denunció el ocultamiento.
En junio de 2020, EL UNIVERSAL demostró que Fonatur decidió retorcer la legislación ambiental en contra del consejo y análisis de los asesores y estudios ambientales para poder comenzar la construcción sin tener una Manifestación de Impacto Ambiental (MIA).
Finalmente la MIA para los primeros tres tramos del Tren Maya fue aprobada el 30 de noviembre de 2020, cuando ya las obras llevaban meses de avances. Ampliamente contestada por expertos y asociaciones, uno de los aspectos que no contempla son los llamados polos de desarrollo a lo largo de la ruta. Cinco estudios encargados por Fonatur y publicados por EL UNIVERSAL enlistan algunos de sus peligros potenciales: problemas ambientales, traer un desarrollo urbano desordenado, acrecentar un turismo depredador y convertir ejidos en hoteles.
Tanto desde Fonatur como desde Presidencia se ha amedrentado y criminalizado a los críticos con el Tren Maya. A los vecinos de barrios históricos y nuevos al lado de la vía se les ha tachado de invasores y aprovechados y a las organizaciones sociales y ambientales se les acusa de traidores a México, argumentando con falacias que están a sueldo de Estados Unidos para atacar el proyecto.
EL UNIVERSAL contó, usando como base documental la ingeniería básica del proyecto, que el 40% del derecho de vía está ocupado por construcciones y familias que prefieren decir “desalojo forzoso” que “relocalización consensuada”. También se documentó que algunos juzgados huyen de los amparos contra el proyecto, teniendo que ser obligados por tribunales colegiados a admitir recursos contra el megaproyecto, mientras los ciudadanos amparados se sienten criminalizados desde el poder ejecutivo.
(FUENTE: EL UNIVERSAL)
