NUEVO LEÓN.- La influencer Mariana Rodríguez y su esposo Samuel García, gobernador de Nuevo León, son figuras públicas que en diversa ocasiones se han visto en medio de polémicas ya que han sido señalados por violar derechos de menores de edad que viven en el albergue del sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Capullos, ubicado en la entidad neolonense.
Y es que en enero de este año, la pareja comenzó a ser investigada por subir en redes sociales fotos junto a un bebé de cinco meses. Según sus declaraciones supuestamente ambos pidieron permiso de “adopción temporal” para pasar un día con él fuera de las instalaciones del albergue DIF Capullo.
Sin embargo, la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (PFPNNA), del Sistema Nacional Para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF ) determinó que “medida especial” bajo la que el matrimonio regio sacó al menor del Centro de Asistencia social no solo es ilegal sino que puso en riesgo la privacidad del menor al exponer masivamente su imagen y datos personales.
El tema recientemente volvió al ojo público, luego de que la Red por los Derechos de la Infancia (REDIM) denunciara en un comunicado que servidores públicos de Nuevo León cometen abuso de poder y violan derechos de la niñez al exponer imágenes que revictimizan a los menores.
A la par, la esposa del actual gobernador de Nuevo León, fue señalada en el comunicado por la constante publicación de fotos y contenidos de niños, niñas y adolescentes que ya de por si se encuentran en una situación vulnerable.
Y es que, Mariana Rodríguez vulneró la privacidad de un bebé en su cuenta de Instagram, la cual tiene más de 2 millones de seguidores, ya que subió tomas en donde contó que el pequeño había sido diagnosticado con esquizencefalia y mostró los medicamentos del menor.
La situación no terminó ahí, la joven neolonesa también grabó otros materiales en los que declaró las condiciones en las que llegaron otros niños y niñas al albergue, mismas en las que se incluía material delicado sobre sus vidas, que van desde proporcionar información sobre violaciones, diagnósticos psiquiátricos y situaciones de abandono.
“Tanto ella como cualquier otra persona que ejerza algún cargo como servidora pública está obligada, de manera constitucional y conforme a los artículos 1ro y 4to, a proteger y garantizar los derechos niñas, niños y adolescentes”, denunció la Red.
Cabe señalar que la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes prohíbe en sus artículos 68 y 80 la difusión de imágenes de niñez, en particular cuando se trata de niñas, niños y adolescentes víctimas, bajo responsabilidad jurídica del Estado o autoridad local.
Al panorama de los albergues en la entidad se suma el caso de Ángel Manuel, un menor de 14 años de edad que falleció supuestamente luego de presentar dolores estomacales. Sin embargo, su muerte dejó grandes incognitas sobre el como operaba el Albergue Fabriles, en el que el menor vivía.
Y es que ya han pasado 4 meses y las condiciones en las que ocurrió el deceso no han sido esclarecidas, aún cuando se han registrado diversas denuncias anónimas que señalan que el menor pudo haber fallecido por lesiones contra su persona.
