CIUDAD DE MÉXICO.- Este jueves 26 de septiembre se cumplen cinco años de la desaparición de los 43 normalista de Ayotzinapa, en Iguala, Guerrero.
De acuerdo con la investigación oficial, con denuncias y acusaciones, policías de Iguala y del vecino municipio de Cocula, mataron a seis personas e hirieron a 25 más.
Detuvieron a 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Isidro Burgos”, y los entregaron a la banda criminal “Guerreros Unidos”.
La investigación central de estos hechos estuvo a cargo de la entonces Procuraduría General de la República (PGR), que dirigía Jesús Murillo Karam.
Y se sustenta en la llamada verdad histórica que dio a conocer el 27 de enero de 2015, fundamentalmente dice que los 43 normalistas de Ayotzinapa fueron secuestrados, asesinados, incinerados y arrojados al Río San Juan, en Cocula, Guerrero.
Y que los estudiantes habían sido detenidos y entregados al grupo delictivo llamado “Guerreros Unidos” porque fueron señalados de pertenecer a una banda rival llamada “Los Rojos“.
La verdad histórica se basa en declaraciones de Felipe Rodríguez Salgado, conocido como “El Terco” o “El Cepillo”, presunto integrante de Guerreros Unidos, quien habría participado en el secuestro, homicidio y desaparición de los 43 estudiantes.
Este sujeto es uno de los 77 presuntos involucrados liberados hace unas semanas.
Crónica de los hechos en Iguala, Guerrero
Los hechos ocurrieron el 26 de septiembre de 2014 cuando policías municipales atacaron a un grupo de normalistas que circulaban en cinco camiones por calles de Iguala.
El saldo de los hechos violentos dejó a varias personas muertas, entre ellas el chofer de un camión y una mujer, así como algunos heridos y 43 desaparecidos.
El 28 de septiembre de ese mismo año son detenidos 22 policías.
Para el 30 de septiembre se fugó el alcalde de Iguala, José Luis Abarca.
El 4 de octubre de 2014, la desaparecida Procuraduría General de la República (PGR) atrajo la investigación del caso Iguala.
El 17 de octubre fue detenido el líder del grupo ‘Guerreros Unidos’, Sidronio Covarrubias, presunto autor intelectual de la desaparición.
El 22 de octubre, la PGR responsabilizó al alcalde de Iguala y su esposa de la represión.
El 23 de octubre, el gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, renunció a su cargo.
El 29 de octubre, el entonces presidente de México, Enrique Peña Nieto, se reunió con padres de las víctimas.
El 4 de noviembre, el alcalde de Iguala, José Luis Abarca, y su esposa María de los Ángeles Pineda, son detenidos.
Para el 7 de noviembre, la PGR da por muertos a los desaparecidos, luego de que tres miembros de ‘Guerreros Unidos’ confesaran que los asesinaron e incineraron en el basurero de Cocula, Guerrero.
El 7 de diciembre, un laboratorio de Innsbruck identificó a Alexander Mora, uno de los 43 desaparecidos.
El 27 de enero de 2015, el procurador General de la República Jesús Murillo Karam estableció lo que llamó ‘la verdad histórica’, que aseguró que los 43 fueron asesinados e incinerados en Cocula.
El 26 de febrero, Murillo Karam dejó la Fiscalía tras las críticas por la investigación.
El 1 de marzo, un Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos llegó a México para estudiar el caso.
El 6 de septiembre, el Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI) cuestionó la verdad histórica.
El 24 de septiembre, el entonces presidente Enrique Peña Nieto se reúne con familiares de los 43 y anunció la creación de una fiscalía especializada en búsqueda de desaparecidos.
El 9 de febrero de 2016, el equipo argentino de Antropología Forense no halló evidencias de la incineración de los 43 en Cocula.
El 28 de febrero de 2016 inició un nuevo peritaje en el basurero.
El 1 de abril se realizó un nuevo peritaje por seis expertos y señaló que al menos 17 personas fueron incineradas en el basurero.
El 19 de agosto, padres de los 43 rompen diálogo con el gobierno y exigen la destitución de Tomás Zerón, director de la Agencia de Investigación Criminal.
El 13 de septiembre, expertos demuestran que los 43 no fueron incinerados en el basurero.
El 14 de septiembre renunció Tomás Zerón.
El 8 de julio de 2017, autoridades mexicanas reconocieron ante la CIDH que nueve celulares de algunos de los 43, estuvieron activos después de la desaparición.
El 4 de junio de 2018, un Tribunal de Tamaulipas ordenó investigar de nuevo el caso y establecer una Comisión de la Verdad.
El 13 de julio de 2018, 74 de los 140 estudiantes de la generación a la que pertenecían los 43 desaparecidos se gradúan.
A cinco años de la desaparición de los 43 normalistas y con un nuevo presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), el gobierno federal informó que repondrá la investigación del caso Ayotzinapa.
Como va actualmente el caso Ayotzinapa
La primera indagatoria recopiló un total de 107 pruebas, con ellas se pudo consignar a 169 presuntos implicados.
De ellos 142 fueron detenidos, incluidos 55 policías municipales de Iguala, 20 policías de Cocula y 67 civiles, presuntos miembros del grupo criminal “Guerreros Unidos”.
Sin embargo, de las 107 pruebas, 63 se declararon ilícitas por distintas violaciones al debido proceso.
Entre estas violaciones están:
13 casos de dilación en puesta a disposición
70 detenciones ilegales
29 casos de tortura o tratos crueles
26 casos de excesos en la presentación de los detenidos
Un caso de incomunicación
6 violaciones al derecho de defensa
Esto ha permitido la liberación de 77 implicados, incluido Gildardo López Astudillo, a quien se le atribuyó haber ordenado el secuestro de los jóvenes.
En el basurero de Cocula, donde presuntamente los jóvenes fueron asesinados e incinerados, se recuperaron 63 mil restos óseos.
De ellos, solo 114 pueden son susceptibles de un análisis genético.
De los 43 jóvenes solo se han identificado los restos de dos de ellos: Alexander Mora Venancio y Jhosivani Guerrero de la Cruz. (FUENTE: NOTICIEROS TELEVISA)
