NUEVA YORK.- Calizas Industriales del Carmen, SA de CV (Calica), una subsidiaria de la estadounidense Vulcan Materials, ha solicitado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se pronuncie sobre su capacidad para continuar la extracción de material pétreo en Playa del Carmen. Esta situación se ha vuelto crítica tras más de tres décadas de operaciones, período durante el cual la compañía extrajo notablemente piedra caliza de la región.
Desde 2022, las actividades de Calica se han visto interrumpidas. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) impuso una clausura a sus instalaciones, así como al muelle de Punta Venado, que era crucial para la exportación de sus productos a Estados Unidos. Esta acción fue respaldada por la declaración de 2,400 hectáreas de propiedad de Calica como Área Natural Protegida, un cambio significativo impulsado por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
Con el fin de revocar estas prohibiciones, la empresa optó por ampararse. Sin embargo, el Tercer Tribunal Colegiado de Circuito decidió no otorgar la protección legal deseada, lo que llevó a Calica a solicitar la intervención del máximo tribunal del país. Un acuerdo judicial reciente suspendió la resolución sobre este asunto hasta que la Corte evalúe la solicitud presentada.
El futuro del caso ahora depende de la aceptación por parte de la Suprema Corte y la eventual decisión de los actuales ministros, o si el asunto se extenderá hasta que una nueva composición del tribunal asuma tras las elecciones federales de junio próximo.
Un vistazo a la historia de Calica
Fundada en 1986, Calizas Industriales del Carmen fue inicialmente un esfuerzo conjunto entre Vulcan Materials y el Grupo ICA, pero en 2001, Vulcan adquirió la participación de ICA. Hasta 2022, la empresa se dedicaba a la producción de agregados para la construcción, con un enfoque en suministrar a los mercados de México y, principalmente, a Estados Unidos. Además de su actividad extractiva, ofrecía servicios en terminales marítimas en el referido muelle.
Calica ha invertido alrededor de 300 millones de dólares en la región y ha generado más de 350 empleos directa e indirectamente en Solidaridad y Cozumel. Su valor anual de operaciones en México se estima en 2,600 millones de dólares.
La historia reciente de Calica está marcada por desafíos legales. En 2017, la Profepa clausuró las operaciones de la empresa debido a irregularidades en la explotación del suelo, y en 2022 se enfrentó a una segunda clausura, esta vez por exceder los límites de explotación autorizados.
La solicitud de la empresa para que la Suprema Corte evalúe su situación sigue siendo uno de los focos importantes en el ámbito legal y ambiental del país, en un contexto donde la protección de áreas naturales y la actividad empresarial chocan frecuentemente.
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