BOCANADAS
POR AÑOS, LAS instituciones encargadas de la seguridad y la justicia en Quintana Roo fueron desvirtuadas, convirtiéndose en herramientas al servicio del crimen organizado y la corrupción. Este oscuro capítulo, herencia directa del gobierno de Carlos Joaquín González, quien hoy ocupa la embajada de México en Canadá, dejó como saldo un sistema infiltrado por personajes como Óscar Montes de Oca, entonces fiscal estatal, y Alberto Capella Ibarra, ex secretario de Seguridad Pública. Con ellos, operaban figuras clave como Miguel Ángel Cuéllar Rangel, alias “El Tigre”, Luis Fernando Pérez Avilés, alias “Cobra”, y Arturo Braña Casarín, quienes tejieron una red de terror desde sus cargos oficiales.
Sin embargo, el panorama ha comenzado a cambiar. Bajo la administración de Mara Lezama y la Fiscalía General del Estado, a cargo de Raciel López Salazar, se han logrado importantes avances para desmantelar esta maquinaria de corrupción e impunidad heredadas. Aunque los resultados pueden parecer lentos, son el reflejo del enorme poder que se les otorgó a estos operadores y la dificultad de combatir un sistema profundamente arraigado.
TRIPA CORTA
MIGUEL ÁNGEL CUÉLLAR Rangel, alias “El Tigre”, quien fungió como comandante de la Policía de Investigación bajo el mando de Montes de Oca, usó su posición para ejecutar “trabajos sucios”. Hoy enfrenta cargos por el asesinato del empresario Jorge Catania en 2023, un crimen que marcó el inicio de su caída. Aunque huyó por meses, finalmente fue capturado en Pachuca, Hidalgo y su caso revela cómo los mandos medios se beneficiaban del manto de protección que les brindaba el sistema corrupto del pasado.
Por su parte, Luis Fernando Pérez Avilés, alias “Cobra”, fue director de Proximidad Social en Tulum, un cargo que aprovechó para orquestar desapariciones forzadas. Su detención en Chetumal, tras meses de permanecer prófugo, es una victoria significativa para las autoridades. Finalmente, Arturo Braña Casarín, aprehendido en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México mientras intentaba huir a Panamá, ha sido señalado como líder de una red de secuestro y robo en Quintana Roo. La conexión de Braña con Montes de Oca y otros operadores pone en evidencia que estos personajes eran piezas clave, pero no las únicas, de una maquinaria mucho más grande y compleja.
TIRO PERFECTO
AUNQUE LAS CAPTURAS de “El Tigre”, “Cobra” y Braña Casarín representan un avance importante en la impartición de justicia en Quintana Roo, la tarea de la actual administración apenas comienza. Los resultados pueden parecer lentos para una ciudadanía cansada de la impunidad, pero lo cierto es que el nivel de poder e influencia que estos operadores tenían, gracias al sistema corrupto del pasado, exige una estrategia minuciosa y bien fundamentada.
La gobernadora Mara Lezama y el fiscal Raciel López Salazar han mostrado voluntad política para enfrentar esta herencia maldita. Bajo su mando, la Fiscalía ha logrado tocar fibras sensibles en estructuras que hasta hace poco parecían inamovibles e intocables. No obstante, es necesario ir más a fondo y la exigencia generalizada no es sólo que caigan los operadores de “trabajos sucios” con uniforme y placa, sino que se investigue y sancione a las verdaderas cabezas de este entramado. Los que mandaban. Los que ordenaban.
VITOLA
LA PREGUNTA SE hace necesaria ante el desmantelamiento que estamos viendo del legado de corrupción e impunidad que nos dejaron: ¿Cuándo alcanzará la justicia a personajes como Óscar Montes de Oca y Alberto Capella?
Durante el gobierno de Carlos Joaquín, ambos encabezaron instituciones clave y diseñaron un sistema que protegió a criminales disfrazados de servidores públicos. Montes de Oca, quien dejó -forzado, apenas el año pasado- la Fiscalía estatal bajo un blindaje legal que aseguraba su permanencia hasta 2028, sigue bajo el escrutinio por los abusos y omisiones cometidos durante su gestión. Capella, en tanto, fue señalado como el artífice de una Secretaría de Seguridad Pública subordinada a intereses oscuros y el dispendio de millonarios recursos que jamás rindieron resultados en la lucha contra el crimen y la inseguridad en el estado.
Las detenciones recientes de sus operadores más cercanos envían un mensaje claro: nadie es intocable. Sin embargo, el verdadero reto será alcanzar a quienes diseñaron y supervisaron esta maquinaria delictiva. El trabajo de la Fiscalía y el gobierno actual debe mantenerse firme, demostrando que no se trata de acciones aisladas, sino de un compromiso genuino por desmantelar por completo este legado de corrupción.
BUENOS HUMOS
LAS DETENCIONES Y posterior vinculación a proceso de “El Tigre”, “Cobra” y Braña Casarín representan pasos importantes hacia la justicia. Pero Quintana Roo no puede conformarse, porque el daño causado por estos operadores y los que fueron sus superiores requiere no sólo de castigos ejemplares, sino de un esfuerzo sostenido para reconstruir la confianza ciudadana en las instituciones.
La administración de Mara Lezama ha tomado el camino correcto, pero queda claro que la tarea es monumental. A medida que se avanza en el desmantelamiento de esta red, es crucial que este gobierno siga pegando en las estructuras más altas de poder que permitieron el surgimiento de estos criminales. La ciudadanía no pide velocidad: pide profundidad y contundencia.
Quintana Roo merece recuperar su paz y confianza, y eso sólo será posible cuando caigan todos los responsables del entramado, desde los operadores hasta los autores intelectuales que convirtieron al estado en un refugio de crimen, terror e impunidad, cobijado desde el poder.
