CHETUMAL.- Por los hechos ocurridos en el país y en el estado, de violación y asesinato de mujeres, el diputado local Édgar Gasca Arceo urgió que se apruebe la reforma a los artículo 128 y 129 del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, para que todo aquel funcionario público que abuse de niños, niñas, adolescentes y personas discapacitadas, que reciba de 25 a 50 años de cárcel, además de ser inhabilitado de por vida.
La iniciativa fue presentada en la Oficialía de Partes de la XVI legislatura, “puedan recibir de 25 a 50 años de cárcel, además de una inhabilitación de su cargo de por vida, es lo menos que podemos hacer”, expresó en tribuna.
Dicha iniciativa fue presentada hoy por el diputado Gasca Arceo, presidente de la Comisión de Salud y Asistencia Social en la XVI Legislatura, y propone agregar la fracción VI al artículo 128 del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo: Cuando la violación sea cometida por servidor o empleado público,
aprovechándose de su cargo o comisión oficial, en cuyo caso también será inhabilitado para ejercer cualquier otro cargo público de manera definitiva.
También agrega la iniciativa que se reformen los párrafos segundo y tercero del artículo 129 de la Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo para quedar como sigue:
“A quien sin propósito de llegar a la cópula ejecute un acto sexual en una persona menor de dieciocho años de edad, o que no tenga la capacidad de comprender el hecho o que por cualquier causa no pueda resistirlo, o la obliguen a ejecutarlo se le impondrá prisión de cuatro a ocho años. La pena se aumentará hasta en una mitad más cuando se empleare violencia o fuere cometido por alguna persona que tenga relación de parentesco por consanguinidad, afinidad o civil, con el ofendido en los casos que proceda; o cuando los actos sean ejecutados por servidores y/o empleados públicos, valiéndose de su cargo, comisión oficial o relación con el ofendido, para tal efecto.
Además de las penas señaladas, se le privará de los derechos derivados de la patria potestad, de la tutela o custodia, cuando así proceda, a quienes teniendo el ejercicio de éstos en relación con la víctima o el ofendido, cometa el delito a que se refiere el presente artículo, así como con la inhabilitación por diez años en el caso de servidores o empleados públicos”.
En tribuna, Édgar Gasca Arceo enfatizó lo que sucede en Quintana Roo de la necesidad de una ley de salud mental, pues los que actúan con alevosía y ventaja para secuestrar, violar y asesinar a personas vulnerables, están “enfermos mentales, son gente que no están bien de su salud mental”.
Fue en la Sesión No. 5 del segundo periodo ordinario de sesiones del primer año de ejercicio legislativo, el diputado llamó a sus compañeros a apoyar la iniciativa, pues el tema de violencia no tiene que ver con el género, “brinquemos esa etapa y vayas a darle a las mujeres lo que necesitan, que es libertad”. (Agencia SIM)
