CIUDAD DE MÉXICO.- Nueva información se ha dado a conocer en torno a por lo menos 18 contratos concedidos por cinco dependencias del gobierno de López Obrador a una empresa del hijo de Manuel Bartlett, titular de la Comisión Federal de Electricidad, y es que la Fiscalía General de la República (FGR) inició una carpeta de investigación por posibles hechos de corrupción relacionados con esos documentos.
La razón por la cual se comenzó con esta indagatoria es la posibilidad de que varios de esos contratos, de los que 11 fueron entregados por la vía de la adjudicación directa, hayan sido otorgados de manera irregular por parte de los servidores públicos.
De acuerdo con el portal Animal Político, las autoridades federales se encuentran investigando la posible comisión del delito de uso indebido de atribuciones y facultades para conceder ilícitamente adjudicaciones y contratos, el cual se señala en el artículo 217 del Código Penal Federal. La pena por esto sería de hasta 12 años de cárcel.
Esta investigación es producto de la labor periodística de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), organización que reveló que el IMSS había adjudicado directamente un contrato para la compra de ventiladores a la empresa Cyber Robotic Solutions S.A. de C.V., cuyo socio es León Manuel Bartlett, hijo del funcionario federal.
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León Manuel Bartlett cotizó monitores de signos vitales por 343 mil pesos por encima de la mediana del mercado, cuando el precio más barato fue de 28 mil 600 pesos, ofrecido por la Compañía Internacional de Distribuciones, S.A. de C.V.
Cyber Robotics S.A. de C.V. se ubicó en tercer lugar de las cotizaciones más caras con un precio de 463 mil 050 pesos; únicamente por abajo de Tecnología en Medicina que vendía en 656 mil 600 pesos y Consultoría y Proyectos Integrales Para la Salud por 600 mil pesos.
El IMSS determinó retractarse de la compra el pasado 13 de mayo, pues los ventiladores no cumplían con las especificaciones pactadas. La institución reveló que cada equipo debía contar con pantalla táctil a color que muestra gráficas, datos numéricos, alarmas priorizadas en tiempo real y los diferentes modos ventilatorios seleccionados para un tratamiento adecuado.
MCCI reportó que fuentes dentro de la institución confirmaron que se entregó el producto, pero durante el proceso de revisión detectaron que los ventiladores no cumplieron al 100% con las especificaciones técnicas. Por ello, la cantidad de dinero pactada, según esas mismas fuentes, no se pagó.
Ante esto, un funcionario federal le dijo a Animal Político que la cancelación de la compra “no anula el posible delito cometido en este o en los otros contratos. Basta que se firme un contrato para que haya materia de investigación y se deslinden responsabilidades”.
Ante este panorama, la Fiscalía prevé citar a declarar a todos aquellos funcionarios relacionados con los procesos de contratación, además de requerir los expedientes de los procedimientos y las constancias de los entregables.
Cabe mencionar que ésta es una investigación distinta a la que comenzó la Secretaría de la Función Pública (SFP) sobre posibles hechos de corrupción de Manuel Bartlett, quien no reportó algunas propiedades y de la cual no se han dado a conocer los avances a cargo de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales. (Agencias)
