CDMX.- Con 369 votos a favor, 104 en contra y tres abstenciones, diputados de Morena, PT, PVEM y MC aprobaron la nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que entre otros puntos, condiciona el uso del internet y la activación de líneas telefónicas a la presentación obligatoria de una identificación oficial con Clave Única de Registro de Población (CURP) para personas físicas y Registro Federal de Contribuyentes (RFC) para personas morales.
La legislación, propuesta por el Ejecutivo, establece que solo los usuarios plenamente identificados podrán acceder a servicios de telecomunicaciones, lo que ha generado alertas sobre una posible vulneración a derechos digitales y libertades civiles.
Además, se crea la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), que sustituirá al extinto Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), y se encargará de dictar las políticas en telecomunicaciones, radiodifusión, conectividad e internet del gobierno federal.
La ley también contempla la formación de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, responsable del nuevo Registro Público de Telecomunicaciones y del Sistema Nacional de Información de Infraestructura, una base de datos nacional georreferenciada que incluirá infraestructura activa, medios de transmisión y derechos de vía.
Posturas encontradas en el Congreso
Durante la discusión, el diputado Erubiel Alonso Que (PRI) calificó la legislación como “un paso más hacia un Estado autoritario”, advirtiendo que el gobierno podrá controlar contenidos y censurar redes sociales. “El contenido ya no será fruto de la creatividad de los ciudadanos, sino de la autorización del gobierno”, alertó.
Por su parte, el diputado Víctor Manuel Pérez (PAN) afirmó que la ley abre la puerta al espionaje legalizado, al permitir la intervención de comunicaciones bajo criterios ambiguos.
En contraste, legisladores oficialistas defendieron la reforma. Antonio de Jesús Ramírez Ramos (PVEM) aseguró que “no habrá censura previa ni ambigüedades legales que la permitan”, mientras que Linette Fernández Sarabia (Morena) negó que se trate de un mecanismo de vigilancia, y acusó a la oposición de actuar con hipocresía, recordando casos de espionaje durante gobiernos anteriores.
Críticas de especialistas y colectivos
Aunque aún no entra en vigor, diversas organizaciones de la sociedad civil y especialistas en derechos digitales han comenzado a manifestar su preocupación, advirtiendo que esta ley podría establecer un sistema de vigilancia masiva, disfrazado de orden y conectividad. También alertan sobre el riesgo de exclusión digital de sectores que no cuenten con una CURP biométrica o prefieran mantener su anonimato por razones legítimas.
La ley ahora pasará al Senado para su revisión, en medio de un debate creciente sobre los límites del Estado en el uso de datos personales, la privacidad digital y la libertad de expresión.
